Un total de 22.443 personas se encuentran en lista de espera de recibir la dependencia en la provincia de Sevilla, según el informe presentado esta semana por la Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación en Consejo de Gobierno.
El delegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha manifestado que "es inaceptable la larga lista de sevillanos que están esperando ser atendidos por culpa de la pésima gestión del anterior equipo de gobierno andaluz, cuya falta de voluntad y rigor ha provocado el colapso en unas listas que no son números, sino sevillanos con especiales necesidades que llevan años esperando ser atendidos".
Para Sánchez, según una nota de prensa, "no todo vale en política. Conocer las largas listas de espera de dependientes y los que están aún pendientes de resolución y nos ocultaron, nos parece una falta de respeto hacía los sevillanos que se encuentran en esta situación, que lo que necesitan es ayuda y agilidad en la tramitación y, en ningún caso esperar años o que los oculten para tapar su incapacidad de gestionar"
En este sentido, la Junta de Andalucía pondrá en marcha un plan de choque en dependencia, que contará con una inversión de 77 millones de euros. Así, el delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Joaquín Pérez Blanes, ha explicado que "el objetivo de este plan será incorporar al sistema, de manera gradual, a las 22.443 personas pendientes de ser atendidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Sevilla".
El informe de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación cifra en un total de 12.722 las personas actualmente pendientes de que se les realice su Plan Individual de Atención (PIA) en Sevilla, para poder disfrutar de algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia (prestación económica, atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, etcétera). Esta cifra es de 75.097 en toda Andalucía.
Además, este informe ha concluido que 9.721 sevillanos no están contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente. Son personas que han presentado su solicitud, pero están pendientes de ser valoradas para determinar su grado de dependencia. La cifra global en Andalucía es de 34.373.
El plan de choque tiene como objetivo simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios. Se prevé aunar en un único procedimiento los trámites para el reconocimiento de la situación y para la concesión de las ayudas, que actualmente se gestionaban por separado y por fases.
Entre la batería de medidas que se llevarán a cabo están potenciar la digitalización para avanzar hacia el procedimiento electrónico; facilitar la interoperabilidad con otros sistemas que tengan relación con la dependencia; revisar los criterios de gestión y los protocolos de actuación, y mejorar la coordinación entre el sistema social y sanitario.
Con respecto a la digitalización en el ámbito de la dependencia y los servicios sociales, una de las medidas destacadas será la implantación de un Sistema de Información Integral de Gestión de la Dependencia que permita agilizar el procedimiento. Así, tanto las administraciones como las entidades prestadoras de servicios podrán acceder a la misma base de datos en tiempo real y colaborar entre sí.
FACILITAR EL ACCESO
En este sistema se podrá compartir la información y documentación digitalizada, facilitando su acceso a la ciudadanía mediante la ventanilla electrónica. Además, propiciará la interoperabilidad con cualquier sistema relacionado, como, por ejemplo, los de salud o empleo. Todo ello redundará en la disminución del tiempo de espera, al agilizarse el procedimiento administrativo.
Otro de los objetivos marcados será acelerar la incorporación al sistema de las personas que tienen reconocido el Grado I o dependencia moderada, que es el que menor cobertura tiene en la actualidad.
Como parte del plan de choque, se revisarán los criterios de gestión y los protocolos de actuación con objeto de mejorar la coordinación entre el sistema social y sanitario, y también con las corporaciones locales, encargadas de la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios.
Otra de las novedades será la aplicación de un sistema de evaluación continua, que permitirá el seguimiento de su funcionamiento, redefiniendo así competencias entre las distintas administraciones que intervienen en el procedimiento; rediseñar los circuitos de intervención para que ganen en eficacia y se agilice la valoración y elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), simplificar los trámites y la documentación solicitada y, por último, la posibilidad de unificar el procedimiento.
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