Dice el artículo 41 de los derechos fundamentales de la Carta Europea que todos las ciudadanas y ciudadanos tenemos el derecho a una buena administración. Sin embargo, esto parece no aplicarse al ámbito medioambiental, ya que caso contrario no podría ser que tantos ecologistas se encuentren protestando desde hace años por falta de información, falta de transparencia y falta de Justicia.
Las instituciones tienen el deber de tratar los asuntos de forma imparcial, equitativamente y dentro de un plazo razonable, siendo en los casos medioambientales imprescindible. Sin embargo, sigue siendo la excepción a la regla. Hoy día miles de jóvenes en todo el mundo salen a protestar a la calle criticando la falta de voluntad política ante el cambio climático, y los científicos lo avalan. Las actuaciones tanto políticas como administrativas son demasiado lentas y, todavía en demasiados casos, no ajustadas a la legalidad que se identifica por los casos judiciales ganados por los ecologistas.
Hay que producir un cambio hacia la transición ecológica. Pero ¿por dónde empezar en todo este caos político con nada más ni nada menos que tres elecciones a las puertas? Desde todos los ámbitos se tiene que actuar ya, caso contario se nos derretirá el planeta entre nuestras manos.
Y precisamente estamos en manos de que la Administración –las Administraciones- se decidan a actuar ya, incluida y especialmente la Administración judicial. De ello depende nuestro presente y futuro. La Administración judicial no puede ver los casos medioambientales como algo secundario y relegarlos cada dos por tres. Debe actuar. Si la Administración judicial actuara con celeridad ante las denuncias de falta de información medioambiental, estaríamos ante otro panorama. Más aún , si la Administración judicial y en especial la Fiscalía actuara ante las exigencias de paralización cautelar de determinados proyectos, otras perspectivas se abrirían sirviendo de ejemplos contundentes.
Pero, mientras esto no suceda y la Administración judicial, al igual que otras Administraciones, hagan el “juego” del Contencioso administrativo, muchos proyectos que no deberían existir por, por ejemplo, falta del estudio de impacto ambiental preceptivo, se levantan ante la población como hechos consumados.
Mientras no exista una división real de poderes, mientras no exista una justicia que realmente tenga los ojos vendados, sin poder ver si la denunciante o acusada es una empresa poderosa o un ciudadano de a pie; hasta que tengamos todas y todos los mismos derechos, no podremos enfrentar lo que se avecina. Necesitamos una Justicia medioambiental urgente.
Rosmarie Hennecke
Portavoz de Somos EQUO Tarifa Verdes
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