El que fuera secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía, F.G.M. se enfrenta mañana a seis años de cárcel por el presunto acoso al inspector jefe del Servicio de Atención a la Familia (SAF) en Huelva a partir de febrero de 2010 tras detener éste último a varios policías por violencia de género.
El juicio contra esta persona se celebrará en el Juzgado de lo Penal 3 de Huelva después de que en febrero de 2018 se suspendiera al acordar el juez devolver la causa al Juzgado de Instrucción 5 de Huelva tras advertir que no se le ha dado traslado ni al Sindicato Unificado de Policía ni a la Dirección General de la Policía Nacional para que se personaran en la misma, han informado a Efe fuentes judiciales.
Los hechos se remontan a febrero de 2010 cuando el acusado, entonces secretario general del SUP en Huelva, ejerció, presuntamente, una conducta "incesante de acoso y derribo" de la persona y la labor profesional del inspector jefe del Servicio de Atención a la Familia y Delitos Violentos (SAF/UDEV) de Huelva, que repercutió "seriamente tanto en su profesión como a nivel personal en su salud, hasta el punto de haber tenido que estar largos períodos de baja laboral".
Las primeras presiones se circunscriben a detenciones practicadas contra policías implicados en delitos relacionados con violencia sobre la mujer en 2008.
Posteriormente, en 2009, ante divergencias en la forma de trabajar y de llevar el SAF por parte del denunciante, y haciéndose eco de las quejas de los componentes del grupo F.G.M. inició "una campaña de desprestigio del denunciante con el objetivo de lograr su destitución".
En la causa sólo ejerce la acusación el perjudicado, ya que la Fiscalía presentó escrito de conclusiones absolutorias al no advertir indicios de culpabilidad suficientes- de seis años.
Concretamente, esta parte lo considera responsable de un delito continuado contra la integridad moral, o subsidiariamente un delito de coacciones continuadas; de un delito de calumnia contra funcionario en el ejercicio de su cargo y otro continuado de injurias graves con publicidad contra funcionario en el ejercicio de su cargo, por los que solicitan seis años de cárcel y el pago de una multa de más de 5.000 euros.
En concepto de responsabilidad civil, la acusación pide una indemnización de 750.000 euros, a pagar, solidariamente entre el acusado, el Sindicato Unificado de Policía y a la Dirección General de la Policía. EFE
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
