Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa, dentro de esta operación también se han intervenido 12 vehículos, algunos de ellos utilizados como lanzaderas de seguridad a la hora de realizar los transportes de la droga. La operación se inició al investigar a un grupo organizado que se asentaba en la provincia de Sevilla y que parecía tener importantes ramificaciones en Cádiz.
Las pesquisas policiales apuntaban a una red que actuaba de forma muy organizada y extremando las medidas de seguridad. Así, el dispositivo policial se aceleró al tener conocimiento de un posible transporte de más de 500 kilos de hachís desde Algeciras hasta Sevilla, donde se almacenaría en una 'caleta', junto con más droga allí depositada, a la espera de su posterior distribución de forma segura.
Los narcotraficantes utilizaron más de cuatro vehículos como lanzaderas de seguridad para realizar el traslado hasta Sevilla. Los agentes pudieron localizar la 'caleta' donde se almacenaban más de 1.000 kilos de hachís, a la vez que intervinieron una furgoneta con 15 fardos de esta droga, todo ello en el momento en que pretendían ocultarla en un garaje habilitado al efecto.
NO SE DESCARTAN MÁS DETENCIONES
La operación, desarrollada durante la pasada semana, ha culminado con la detención de once personas y la práctica de 13 registros tanto en domicilios como en negocios y naves industriales. Entre todos los efectos intervenidos se encuentran también tres armas de fuego --una de ellas con silenciador y numeración borrada--, diversa documentación, equipos informáticos y electrónicos así como numerosos chalecos reflectantes con distintivos de Policía Local.
El grupo introducía la droga desde Marruecos y su destino final era la provincia de Sevilla. La operación, que ha sido realizada por el Greco de Cádiz, perteneciente a la Udyco Central de la Comisaría General de Policía Judicial, y la Udyco de Sevilla, aún no ha concluido, por los que no se descantan nuevas detenciones. Paralelamente, se está realizando una investigación patrimonial de los detenidos para comprobar si procede la intervención de propiedades inmobiliarias.
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