Conforme pasa el tiempo y el nuevo Gobierno de la Junta (PP-Cs) sigue profundizando en los números, encuentra más argumentos para reprocharle al PSOE su gestión. Este miércoles compareció en el Parlamento el consejero de Hacienda, Juan Bravo, que aportó dos cifras contundentes: en sólo tres años (entre 2016 y 2018) se tuvieron que pagar al menos 548 millones de euros por sentencias judiciales, a lo que sumó que en la anterior legislatura se dejó de ejecutar una media de 2.100 millones anuales, lo que eleva la cifra en esos cuatro años a 8.434 millones. Sólo en 2018, fueron 2.244 millones.
Lo peor de los 548 millones de euros por sentencias no es la cifra en sí, que también, sino que esto es una primera aproximación de lo que han obligado los jueces a pagar a consejerías, agencias administrativas y agencias de régimen especial de la Junta. Faltaría saber a qué han tenido que hacer frente las entidades instrumentales, a lo que se une que hay abonos cuyos expedientes no se han tramitado como pagos de sentencias.
Bravo aprovechó para mostrar su sorpresa por la ausencia de “un registro centralizado y unificado” que permita saber exactamente lo que se está pagando por mandato judicial sin tener que bucear en la mastodóntica burocracia de la Junta. Así que los 548 millones son una primera estimación que ha hecho la Intervención General de la Junta y no se descarta que la cifra vaya creciendo. De lo que ya se conoce, las consejerías apechugaron con 390,93 millones, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con 145,5 y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con 9,74 millones.
Otros números que tampoco dejan muy bien parada a la anterior administración socialista es la de la ejecución presupuestaria, a la que el nuevo Gobierno le está sacando su jugo. El consejero cifró en un 91,8% la cifra que se alcanzó en 2018, que dicho así no suena mal, pero es que el 8,2% que se quedó sin gastar supone que hablamos de 2.244 millones de euros.
A esto unió otro reproche: de forma “masiva y sistemática” no se ejecutaron inversiones, con especial incidencia en programas de fomento empresarial, política de empleo, infraestructuras sanitarias y educativas, además de programas sociales. Es decir, que fue un dinero que no se gastó en los campos que más afectan a la ciudadanía.
“Mala praxis”
Por mucho que un 91,8% pueda parecer una cifra elevada, a juicio de Bravo lo que evidencia es “una mala praxis presupuestaria” porque no se alcanzan unos “niveles razonables de ejecución”. Por eso, garantizó que el Presupuesto que presente su departamento será “realista y veraz”, frente a la práctica anterior de dibujar números que no se cumplían. “Si prometen una partida es para cumplirla, no para engañar o hacer anuncios”.
Lo que sí estuvo mejor fue la recaudación fiscal, que creció un 3,4% para alcanzar los 16.529 millones de euros, un 99,8% sobre lo previsto.
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