Es evidente que un juicio tiene mucho que ver con un teatro. Aunque con la notable diferencia de que se actúa sobre hechos reales con consecuencias penales. Escenario, actores, discursos, gestos…y público. Y hasta crónicas literarias muy bien escritas por corresponsales. Si es en Tribunal Supremo hay, además, más ceremonial y protocolo. En un escenario tan solemne, con magistrados bastante entrados en experiencia y con un mobiliario suntuoso, las expresiones de andar por casa, que pueden oírse en cualquier otro tribunal, resultan chocantes, como dichas fuera de sitio. Un ejemplo de desentonar lo tuvo el diputado festivo y faltón, Gabriel Rufián, que se expresó de este tenor: "No tengo ni pajolera idea de cuál era la hoja de ruta independentista". “ Contestaré al señor Ortega Smith (Vox) porque me lo ha pedido la defensa, porque entiendo que así ayudo a mis compañeros, aunque me parece una vergüenza". Fue llamado al orden por el presidente del tribunal, pero la llamada al tribunal la hizo de rebote el propio Rufián: "una vergüenza que vosotros estéis aquí como partido xenófobo y racista”.
Lo más sorprendente de todo lo que se ha vivido en esta fase del juicio de comparecencia de testigos – son más de 600 – ha sido la falta de información por parte de Rajoy, Sáez de Santamaría y Zoido, ministro del Interior cuando se produjeron los hechos. Dieron buenas explicaciones doctrinales sobre la Constitución, los principios democráticos etc. pero no fechas, datos concretos, asunción de las actuaciones realizadas porque parece que los barcos para alojar a miles de miembros de la policía y guardia civil llegaron porque sí, que los guardias civiles y los policías se autogestionaban sin jerarquía de los mandos políticos y que el día de autos el gabinete de crisis de Moncloa y de Interior se quedaron jugando al mus, a verlas venir. Los testimonios –con obligación de decir verdad, por ser testigos –no fueron creíbles. No es que mintieran, pero pecaron de inconcreción, de ausencia de detalles, de pormenores, como sí resultó en el caso del lehendakari Urkullu, que ha sido alabado unánimemente. Juan Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, sí se explicó convincentemente.
Las actuaciones de los máximos dirigentes del gobierno cuando se celebró el referéndum ilegal fue una oportunidad perdida para dejar claro que se está en los cargos para asumir la responsabilidad y no para traspasarla a los peldaños inferiores de la escala jerárquica.
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