La Fiscalía Provincial solicita penas de diez años de inhabilitación especial para empleo y cargo público para el exalcalde de La Mojonera (Almería), José Cara (PP), y ocho concejales de gobierno a los que acusa de autorizar la construcción de un parque "a sabiendas de que el proyecto adolecía de deficiencias que impedían su aprobación conforme a ley".
Esta actuación ocasionó, además, que el Ayuntamiento adeudase un total de 54.722 euros a la Junta de Andalucía por una subvención que se vio obligado a reintegrar.
El ex equipo de gobierno se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal 4 de Almería el 5 de junio como presunta autor de delitos de prevaricación por los que, al margen de las penas de inhabilitación, se enfrentan a una responsabilidad civil por la deuda adquirida con la Junta a causa de "su conducta delictiva".
El escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, en febrero de 2011 el Ayuntamiento de La Mojonera solicitó al Gobierno andaluz una subvención, que le fue concedida, para la construcción de un parque entre las calles Infanta Cristina e Infanta Elena del municipio. La ayuda ascendió a 60.000 de los 70.800 euros en los que se presupuestó el proyecto y se pagó en 2012 en concepto de anticipo la cantidad de 45.000 euros.
En ese año se inició el expediente para la aprobación del proyecto pero el vicesecretario municipal emitió un certificado en el que informaba que "la parcela" situada entre ambas calles "no figuraba" en el inventario de bienes del Ayuntamiento mientras que la secretaria emitió un informe en el que "ponía de manifiesto deficiencias consistentes en la falta de aprobación de gasto, no adecuación de los tipo de IVA y falta de constancia de que los terrenos fuesen de titularidad municipal".
Pese a que declaró que "no procedía la ejecución de la obra", Cara, como alcalde, y "conocedor del informe", dictó una propuesta de la Alcaldía de aprobación del proyecto, que se llevó a pleno en septiembre de 2012.
El fiscal remarca que, tras la lectura del informe desfavorable de la secretaria municipal, este salió adelante con los votos del alcalde y de los concejales Antonio José Navarro, Francisco Gutiérrez, Dolores Durán, Amador Ruiz, María Navarro, Javier Morales, Elvira Escobar y María Isabel Fuentes, quienes "sabían que presentaba deficiencias que no permitían su aprobación", mientras que los cuatro ediles en la oposición votaron en contra.
Un día después, una providencia de Alcaldía inició el expediente de contratación de la obra y la Intervención municipal emitió un certificado manifestando que existía "crédito insuficiente" para atender las obligaciones derivadas de la contratación de la obra.
En concreto, según indica el escrito de acusación, señaló una diferencia de 23.133,39 euros entre la consignación presupuestaria y el importe previsto de contratación en el borrador del pliego de cláusulas administrativas particulares, a lo que se añadió un nuevo informe de la secretaria municipal en el que reiteraba que, dadas las deficiencias del proyecto, no procedía la aprobación de estas.
Pese a esto, en octubre y en noviembre de 2012, el entonces regidor mojonero, "con un pleno conocimiento de la ilegalidad de su decisión", dictó dos nuevas resoluciones de Alcaldía para llevar a cabo el proyecto que se adjudicó por 53.998,23 euros.
El Ministerio Público precisa que, no obstante, ese precio "fue modificado" a 64,624,95 tras sendas solicitudes de la empresa adjudicataria y con informes desfavorables de nuevo de la secretaria municipal. La obra se ejecutó finalmente y se presentaron facturas por importe de 65.991,87 euros.
El escrito concluye que, como consecuencia de las "irregularidades y deficiencias" en el proceso de aprobación del proyecto, la Junta de Andalucía dictó resolución en 2017 por la que declaró el "incumplimiento de las obligaciones" que tenía el Ayuntamiento con respecto a la subvención y, por tanto, la "pérdida del derecho al resto de subvención y acordándose el reintegro de la cantidad entregada de 45.000 euros más 9.721,85 euros de intereses legales".
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