El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley con medidas para minimizar los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, especialmente en materia de derechos de los ciudadanos y de comercio y finanzas, y que exige la reciprocidad de la autoridades británicas.
Así, el Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este viernes el Real decreto-ley por el que se adoptan las medidas de contingencia ante la posibilidad de que el Brexit se produzca sin acuerdo.
Se trata de un conjunto de medidas en cuya elaboración han participado 14 Ministerios y define medidas de carácter temporal dirigidas facilitar el paso del Reino Unido de miembro de la UE a tercer estado.
El primer objetivo de estas medidas es preservar los intereses de los ciudadanos españoles residentes en el Reino Unido y de los entorno a 300.000 ciudadanos británicos residentes en España.
El decreto-ley contempla de manera específica los derechos de los ciudadanos españoles que trabajan en Gibraltar con el objetivo de que el brexit les perjudique lo menos posible, ha subrayado el Gobierno.
El segundo objetivo es preservar el normal funcionamiento de los flujos comerciales y los intereses económicos entre España y el Reino Unido.
El preámbulo de la norma establece que el mantenimiento en el tiempo de muchas de las medidas adoptadas "se supedita al otorgamiento de un tratamiento recíproco", un extremo que ocupa buena parte del capítulo I del decreto ley y se reitera una y otra vez a lo largo de todo el documento.
La exigencia de reciprocidad también está especificada en el capítulo primero, en el que se subraya que todas las medidas serán suspendidas si, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del decreto ley, las autoridades británicas no hubieran aprobado medidas similares en beneficio de los ciudadanos españoles residentes en el Reino Unido.
- Capítulo I.- Disposiciones generales: establece los objetivos de la norma, detalla el mecanismo de reciprocidad de todas las medidas y subraya el carácter temporal de las mismas.
- Capítulo II.- Disposiciones en materia de ciudadanía. Incluye asuntos como la Seguridad Social (pensiones, desempleo...), asistencia sanitaria, permisos de residencia y trabajo, el reconocimiento de cualificaciones educativas y profesionales, la posibilidad de competir por y ejercer un puesto de trabajo público o ser funcionario público.
También regula la cooperación policial y judicial.
- Capítulo III.- De actividades económicas. Tiene cuatro grandes apartados que detallan las medidas para garantizar la continuidad de los contratos de los servicios financieros, establecer las nuevas condiciones aduaneras, regular la situación de los operadores económicos.
- Capítulo IV.- Establece las condiciones de validez de permisos de conducir, de tenencia y comercio de armas o material de Defensa y detalla disposiciones en materia de transporte terrestre de viajeros y de mercancías.
También regula los servicios aeroportuarios y prevé la consideración del Reino Unido como destino internacional.
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