El consejero andaluz de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha destacado que el presupuesto de la Junta de Andalucía para este año, que su departamento presentará antes del 1 de junio, "no será el más bonito, pero sí será creíble y eficiente".
Bravo critica, en una entrevista con Efe, que las cuentas de los gobiernos socialistas "prometían mucho", pero nunca ejecutaban el gasto anunciado, pues se elaboraban "sin rigor y a sabiendas del incumplimiento", y ha citado el caso, "especialmente doloroso", de las becas educativas Adriano, de las que sólo se gastaron 4,8 de los 40,5 millones presupuestados.
El nivel de ejecución de las inversiones productivas de la Junta de los últimos cinco años apenas alcanza la mitad de lo presupuestado, por lo que el consejero pide que el presupuesto que elabore su departamento se compare "con lo ejecutado y no con lo prometido" por el anterior Gobierno socialista.
"Nuestro presupuesto podrá parecer inicialmente menos bonito, con menos inversión, pero comparemos la inversión ejecutada, no la presupuestada; en todos los ámbitos de la Junta lo que me encuentro es inejecución presupuestaria; se promete cien pero se gasta veinte. Para no cumplir, se puede prometer lo que se quiera, pero ese engaño a los ciudadanos nosotros no lo podemos hacer", apostilla.
Aunque considera "prematuro" adelantar una cifra global del presupuesto de 2019, sí confirma que deberá crecer con respecto al de 2018, entre otras causas obligadas, por los más de 1.300 millones de euros de gasto comprometido que ha dejado el anterior ejecutivo, como por ejemplo en acuerdos salariales con funcionarios o compra de libros de texto, o los 500 millones pagados en sentencias judiciales contrarias a la Junta.
"El Gobierno anterior no nos ha dejado presupuestos, pero sí compromisos de más de mil trescientos millones", se lamenta.
Y destaca que sólo los intereses de demora por retrasos en pagos de la Junta suman 48 millones de euros o que se gastan millones en alquileres cuando la administración dispone de edificios vacíos.
También explica que aún se desconoce el importe de las entregas a cuenta que el Estado transferirá a la Junta, que suponen un 75 por ciento de todos los ingresos autonómicos y que varían en más de 500 millones de euros, según las diferentes estimaciones adelantadas por el Gobierno central.
Un mayor ajuste del déficit público andaluz, del 0,4 al 0,1 por ciento del PIB, supondría, además, un recorte de unos 450 millones de euros y la consignación o no del decimotercer mes de recaudación del IVA también alteraría sustancialmente el presupuesto andaluz.
A esta "incertidumbre, desconocida hasta ahora", destaca Bravo, se suma que las cuentas andaluzas se tienen que elaborar a mitad de ejercicio, tras la prórroga de las de 2018, el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado y la convocatoria de elecciones generales, locales y europeas, con un gobierno central que puede estar en funciones varios meses.
El consejero sí confirma el estricto cumplimiento del objetivo de déficit y de la regla de gasto, para no dañar la "credibilidad" de Andalucía, y que sanidad, educación y empleo serán "las prioridades" presupuestarias de la legislatura, junto a la bajada de impuestos "todo lo que se pueda".
Advierte de que, por todas estas incertidumbres, el "cambio radical" de política económica que, en su opinión, han reclamado los andaluces en las urnas al Gobierno "del cambio" será más reconocible en el presupuesto del 2020, que su departamento comenzará a elaborar en julio.
A Bravo le sorprende que haya sido convocado cuatro veces en menos de un mes en el Parlamento para informar sobre los presupuestos, la primera ocasión a las 24 horas de jurar el cargo, e ironiza al pedir que le "dejen trabajar" para elaborar la cuentas autonómicas antes de tener que explicarlas "cada quince días".
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