El grupo de Vox en el Parlamento andaluz está dispuesto a "reformular" su petición sobre los datos de los trabajadores de las unidades contra la violencia machista si la Mesa de la Cámara, que se reúne este miércoles, considera que dicha petición va en contra de la ley de protección de datos.
Así lo ha avanzado en rueda de prensa el portavoz adjunto del grupo, Rodrigo Alonso, que ha explicado que a Vox le valdría con que se diera a conocer "la titulación y la experiencia" y no los nombres y apellidos -como se había solicitado- de quienes cumplen ese cometido, una labor que "no puede hacer cualquiera", ha sostenido.
"No puede ser que, según la ley de violencia de género aprobada por esta Cámara, el anterior equipo de gobierno diera la posibilidad de que cualquier funcionario emitiese un informe sobre la violencia de género que fuese luego vinculante respecto a un proceso judicial", ha criticado Alonso, para quien "no todo el mundo está capacitado para eso".
Ha insistido en que Vox "no va a demonizar a nadie" y que lo que quiere es que esa función "la desempeñen personas que tengan una experiencia y una capacitación acorde con la importancia de la labor que se le está exigiendo", ya que "no todo el mundo está capacitado" para llevar a cabo ese trabajo.
A su juicio, deberían ser peritos "independientes dentro de la función pública" quienes estuvieran a cargo de esta función, y no "agentes puestos por una ley que es ideológica y que adoctrina".
Además, Alonso ha apostado por que estos trabajadores sean "extremadamente garantes en la realización de esos informes" y ha sostenido que "en el momento en el que eso esté cubierto habremos dado un gran paso adelante en el tratamiento de la violencia intrafamiliar".
El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento ha argumentado que la petición de información sobre estos trabajadores la viene realizando desde hace tiempo el Colegio de Psicólogos y no solo a la Junta de Andalucía, sino también al Ministerio de Justicia, por lo que ha dicho que "no es para alarmarse ni atenta contra nadie".
Ha avanzado que, si consiguen esos datos, Vox los pondrá "en manos de expertos", entre los que ha puesto como ejemplo "por sus declaraciones" públicas a Fernando Chacón, vicepresidente primero de los colegios oficiales de psicólogos, quien "podría evaluar si los criterios son adecuados o no".
Vox deja fuera de esta petición a los funcionarios de la Junta que trabajan en los juzgados, ha dicho su portavoz, quien ha añadido que se ha pedido información sobre este colectivo porque la violencia "intrafamiliar" es algo "sensible e importante", y lo harán sobre otras materias porque "hay mucho que desmontar".
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
