El fiscal de Área de Algeciras, Juan Cisneros, ha informado a un agente de la Policía Local de Los Barrios de la “judicialización” de las diligencias de investigación penal 199/18, relacionadas con sendas denuncias presentadas por el agente contra el alcalde, Jorge Romero; el concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Gómez; el oficial-jefe accidental de la Policía Local, y el letrado técnico de Asesoría Jurídica Accidental, por un supuesto caso de acoso laboral.
Así lo acredita el documento de diligencias de Investigación Penal 199/18, al que ha tenido acceso VIVA CAMPO DE GIBRALTAR, y en el que el fiscal jefe de área notifica que “pot tenerlo acordado en las diligencias de las indicaciones del margen, que se registraron en virtud del escrito presentado el 11 de julio y el 10 de septiembre pasados, le notifico -en referencia al denunciante- que se ha procedido a su judicialización, mediante la interposición de la correspondiente denuncia ante los juzgados de Algeciras”.
El policía había presentado sendas denuncias el 11 de julio y 10 de septiembre, e indicaba que ese acoso laboral comenzó en 2011, cuando el primer edil accedió a la Alcaldía barreña.
El denunciante relató que, tras ser denunciado un concejal -cuyo nombre no ha sido revelado- por mal estacionamiento por el agente, a los pocos días recibía el Decreto 2987/2011 de 10-11-2011, que fue enviado, según la versión del agente, sin encomendarle funciones algunas ni lugar de trabajo a la Oficina Municipal de Cortijillos durante dos meses. Al mismo tiempo, remarca en su denuncia que se le obligó a entregar el arma en 24 horas. También señala que el caso lo ganó en los tribunales, rezando en la sentencia 422/2014 del Juzgado Contencioso número 1.
Continuó el relato afirmando que en 2013, “tras “denunciar” al Oficial-Jefe Accidental la Policía Local de Los Barrios” y al “secretario del Partido Andalucista en la Mancomunidad de Municipios”, se le incoaron en los tres meses siguientes “14 expedientes por Falta Grave”.
Asegura el agente que llegaron a condenarlo” en dos de los expedientes con veinte días de empleo y sueldo cada uno, aplicando los dos seguidos en las nóminas de los meses de febrero y marzo de 2014, en procedimientos incoados, asevera, “con numerosas irregularidades, tanto por la persona que los calificaba, hechos inventados, como porque vulneraban reiteradamente derechos fundamentales del agente, que claramente buscaban la venganza por haber denunciado la desaparición de la denuncia de la DGT por Carecer de Seguro el turismo del político”, indicó el agente.
Asegura, a este respecto, que quedó “absuelto de todos ellos y ganando por la vía judicial los dos que fue condenado”.
Ya en 2018, concretamente el 10 de julio, recibe “notificación con sello del registro general Ayuntamiento de Los Barrios de fecha de salida 05-07-2018 a las 12:49 y número S2018008110, en el que le comunican el Expediente Disciplinario DP/2018/46, en el que le comunican Decreto nº 1542 de fecha 04-07-2018”.
Consideran, relata, unos hechos expuestos por una vecina “de suma gravedad”. En relación a ellos, “sin ningún tipo de prueba ni testigos aportados por esta señora”, incide, cuestionan nuevamente su profesionalidad, siendo, así, “suspendido como medida cautelar de funciones, siéndole retirado el armamento y credencial en cumplimiento del Decreto de Alcaldía”.
Al sentir de nuevo vulnerados sus derechos fundamentales, el agente denuncia el caso ante el Juzgado de lo Contencioso 1 de Algeciras, siendo la denuncia admitida a trámite procedimiento 711/2018, indicó, aportando el agente “tres testigos agentes de la autoridad, que declararan que es falso lo denunciado por la vecina”.
También indicó que “de forma extraña, sin informe jurídico alguno”, a los 40 días el alcalde le habría levantado la medida cautelar mediante el Decreto 2002 de fecha 10-09-2018 y el Oficial-Jefe Accidental “no devuelve ni tan siquiera la placa” al agente, que tan solo se encuentra, afirma, de baja médica. Tras haber informado del caso al alcalde el 20 de noviembre, asegura, por registro de entrada E2018013184, afirma llevar cinco meses “con la acreditación profesional retirada”.
La presunta víctima de acoso señala la imposición, del mismo modo, de “medidas cautelares de suspensión de empleo y sueldo” a otros agentes, “lo que les causa un grave perjuicio económico a sus familias” y recuerda que “dicha medida cautelar esta prevista en la Ley para casos muy extremos, no para que los políticos la utilicen a su capricho”, señalando que el primer agente al que se impuso la medida “ya ha ganado el caso en el Juzgado Contencioso nº1 de Algeciras”.
El agente espera que en los próximos meses los denunciados sean llamados a declarar como investigados.
Este diario trató ayer de contactar sin éxito con los servicios de comunicación municipales para conocer la versión oficial municipal sobre este asunto, sin éxito.
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