El pasado mes de septiembre, tanto la alcaldesa Mamen Sánchez como el entonces delegado del Gobierno en Andalucía manifestaron que el problema de las ocupaciones ilegales estaba generalizado en la ciudad y anunciaron un Plan específico. Sin embargo, desde el PP critican que hasta la fecha "solo conocemos algunas actuaciones contra el menudeo de droga en la calle Nueva y Cantarería, pero ninguna otra acción ni plan contra el problema de esa y otras muchas calles de ocupaciones ilegales de viviendas".
En este sentido, el concejal popular Javier Durá explica que "ante la pasividad" del Gobierno local para poner solución a estos problemas, el PP va a proponer un acuerdo del Pleno que contemple varias medidas encaminadas a paliar los problemas que las ocupaciones ilegales conllevan.
Curiosamente la iniciativa llega después de que el PP haya expuesto esta semana el desalojo de una familia de una vivienda pública y que los vecinos de dicha familia les hayan criticado y hayan salido en defensa de la decisión del Ayuntamiento.
Ahora el PP plantea la convocatoria de una reunión de la Junta Local de Seguridad para la creación de una Mesa de Trabajo que elabore un protocolo de actuación público y efectivo contra las ocupaciones ilegales. Del mismo modo, propone la creación de una Oficina en defensa de los vecinos afectados por las ocupaciones ilegales, una oficina que prestará atención vecinal bajo el principio de seguridad y confidencialidad, con asesoramiento jurídico y asistencia legal para los vecinos afectados y que cuente con una unidad de seguimiento que actúe de forma coordinada con la Policía Local y resto de fuerzas de seguridad. En la propuesta, como explica Durá, los populares añaden que se ponga a disposición de los ciudadanos un teléfono confidencial y gratuito para avisar cuando se esté produciendo una ocupación ilegal, fomentando así la colaboración ciudadana.
Los populares también consideran necesario reforzar la presencia policial de forma inmediata y el patrullaje preventivo en aquellas zonas donde se sepa que el problema es más grave, caso de la calle Nueva, así como la creación de una unidad de la Policía Local especializada en prevención de la ocupación, una unidad que, con la coordinación de la Delegación del Gobierno y demás cuerpos de seguridad se pueda personar de forma inmediata ante una denuncia e impedir la ocupación o, si ésta ya se ha producido, requerir a los moradores el abandono de la vivienda.
Críticas contra el PP
Vecinos de la pareja con la que esta semana se reunió el portavoz y candidato a la Alcaldía del PP, Antonio Saldaña, y el concejal Jaime Espinar, que habían recibido una orden de desalojo de una vivienda propiedad de Emuvijesa de la promoción de pisos de Calipso, en la zona sur, han dado la razón a la decisión del Ayuntamiento. Aunque prefieren no dar sus nombres por temor a represalias, han detallado a este periódico que ha sido la presión de residentes de estos inmuebles los que han propiciado la actuación de Emuvijesa a la hora de tomar medidas, después de que los vecinos afectados les hubieran trasladado los “problemas de convivencia” que aseguran que causa esta pareja en el bloque.
A esto añaden la “transmisión ilegal” que realizaron de la vivienda en la que llevan más de un año instalados, “saltándose la lista de espera” de Emuvijesa para adjudicar los inmuebles al comprar la llave a otro inquilino, una práctica que no es nueva ni en esta ni en otras promociones públicas de Jerez. Saldaña aprovechó este caso para denunciar la “incoherencia y política de escaparate” de la alcaldesa de Jerez por “presume de su política para evitar y paralizar desahucios” el mismo día que mandaba una orden de desalojo a esta familia.
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