“En las últimas legislaturas, la limpieza siempre ha estado a cargo de las mismas personas. Pero San Fernando sigue sucia”. Son palabras escritas por el diputado de Ciudadanos Javier Cano sobre la noticia en la que la portavoz naranja en el Ayuntamiento justifica el apoyo a la concesión del servicio de Limpieza que los trabajadores piden que se paralice.
“¿Y no sería mejor esperar unos meses más a ver si las elecciones de mayo libran a la ciudad de quienes con tantos años dominando la Limpieza pública dejan de tenerla en sus manos?” Principalmente el responsable técnico de que todos estos años la ciudad haya estado sucia.
La pregunta era la que este redactor le hacía a Javier Cano y no tuvo respuesta, porque Ciudadanos ya ha dejado meridianamente claro que va a permitir que se apruebe la concesión del servicio a una nueva empresa, desoyendo el ruego de los trabajadores de que prorroguen el contrato y puedan acordar un nuevo convenio colectivo. Que es lo único que piden.
El comité de empresa de Urbaser, la actual concesionaria, convocó una rueda de prensa el miércoles pasado para exponer a los medios de comunicación y a la ciudadanía su problema.
“La nueva plica es una losa para nosotros”, dijo gráficamente el secretario del comité, José Antonio de la Cruz, básicamente porque está redactada sobre una Ley que no permite la negociación colectiva y que se aprobó diez días antes de entrar en vigor la nueva Ley más garantista con los trabajadores.
Con Urbaser tenían un convenio colectivo anterior a la Ley de Indexación de 2015 aprobada por el Gobierno del Partido Popular, aunque en doce años sólo habían negociado subir el IPC un uno por ciento en los dos últimos años.
En los diez anteriores optaron por suprimir las subidas a cambios de que fuera entrando personal por los que se iban jubilando para no perder plantilla y no menoscabar un servicio ya deficiente por la corta nómina de trabajadores con que cuentan.
Plantilla en cuadro
El propio secretario del comité aclaraba que la Limpieza cuenta con unos 110 trabajadores -en Cádiz cuenta con unos 300- y el barrido de una ciudad con más de 90.000 habitantes y unos niveles de urbanidad bastante deficitarios lo realizan unas 37 personas.
Esas carencias mantienen a los trabajadores en la diana de las críticas de la sociedad en las redes sociales, cuando a todas luces se están arrastrando las deficiencias que la plica de 2005, que todos los gobiernos han calificado como caótica y que hicieron los mismos que decía el diputado nacional Javier Cano que habían gestionado el servicio.
Y seguirá siendo malo con la plica actual, según denunciaban los trabajadores y el propio sentido común. Para los trabajadores porque los retrotraen a una Ley que los ata de pies y manos y para la ciudad porque la plantilla seguirá siendo insuficiente. Y la gente mantendrá el mismo déficit de urbanidad.
A ello se suman otros problemas que van a llegar por una reacción causa-efecto. La primera es que los precios de la nueva plica son de 2017 y cuando comience la nueva empresa habrán pasado dos años y producido un desfase económico.
Ahí es donde el secretario del comité de empresa se pregunta si Cespa “se ha leído la plica y sabe dónde se ha metido”. Y lo que es peor es que si sabe dónde se ha metido los trabajadores lo tendrán más crudo al comenzar a caer las fichas de dominó una tras otra.
A saber: la empresa tendrá un déficit en el servicio nada más entrar a prestarlo y no podrá pedir al Ayuntamiento una revisión porque la Ley de Indexación sobre la que está hecha la plica no se lo permite.
Los trabajadores estarán cuatro años -y dos más si hay prórroga- sin subidas salariales que sólo podrían obtener -fue la respuesta del Gobierno local al comité- si la empresa concesionaria destinaba parte de sus beneficios a subidas salariales.
Consecuencias
Como eso es del todo improbable, se abren dos horizontes probables a cada cual más malo. El primero es que la empresa -lo advertía hace semanas Comisiones Obreras- reduzca personal o no cubra las bajas. El segundo es un periodo de conflictividad laboral por una plantilla que se ve incapaz de mantener la ciudad limpia, recibe todas las críticas y además está perdiendo nivel adquisitivo.
Las cosas todavía pueden empeorar más para la nueva empresa, lo que redunda en el resto. El contrato con Urbaser no es un contrato unificado como el que recoge la nueva plica y está dividido en dos.
La mayor parte de trabajadores pertenecen al convenio de la Limpieza y unos 30 al servicio de reciclaje. La diferencia salarial entre los primeros y los segundos es de un 30 ó 40 por ciento al día de hoy.
Ahora sólo hay que ponerse en el caso de que estos últimos trabajadores, con el contrato unificado de la nueva plica, se presenten en los tribunales y reclamen igual salario a igual trabajo. Es posible que la nueva empresa pierda el pleito y tenga que unificar también los salarios, porque la plica sólo recoge unificación de cometidos.
¿Qué hará la concesionaria con ese aumento de gastos salariales? ¿Lo asumirá y seguirá perdiendo dinero -hay que sumarle el desfase desde 2017 a 2019 del que se hablaba antes- u optará por reducir plantilla por la vía que la ley le permita?
Misión imposible
Ahí es donde en pocos meses comenzaría el problema entre Ayuntamiento y empresa, con los trabajadores por medio, porque cada vez sería más difícil cumplir la plica con todas esas mejoras de las que hablan pero que los trabajadores no saben cómo se van a poder cumplir si la plantilla no aumenta al menos un 30 ó 40 por ciento.
Puede ocurrir, volviendo el principio, que hasta fuera Ciudadanos el partido que estuviera gobernando y al frente de Desarrollo Sostenible que se llama ahora, pero que será siendo tan insostenible o más que lo que Javier Cano dice en su perfil de Facebook. Carambolas de ese tipo depara a veces la vida.
La prórroga del contrato actual y realizar una plica sobre la nueva Ley que entró en vigor el año pasado -diez días después de aprobarse el engendro parido por la gestión de Desarrollo Sostenible, o lo que es lo mismo, por Manuel Cruz- tampoco va a causar muchos problemas.
Mientras se concede el contrato, la nueva empresa toma posesión y comienzan a verse mejoras si es que las hubiera, se va a llegar a fin de año. Y el nuevo Gobierno que salga de las urnas en mayo tendrá que cargar con la hipoteca que le dejan los Andalucistas.
Por que a nadie se le escapa que hasta el PSOE cambiaría la plica actual por una basada en una Ley más garantista con los derechos de los trabajadores, si no fuera porque se tiene que tragar la gestión de sus socios de gobierno en Desarrollo Sostenible, en Deportes y en Esisa.
Lo que no se entiende es que se lo tenga que tragar también Ciudadanos. Porque lo que se aprueba es un contrato redactado por las personas que “legislatura tras legislatura” han estado al frente de la Limpieza. “Y San Fernando siempre ha estado sucia”.
De una Ley de puño cerrado a otra que prima la calidad
La ley de desindexación, que desvincula los precios de los servicios públicos del IPC, entró en vigor en 2015, más de un año después de haber sido aprobada por el Gobierno y tras superar el trámite parlamentario del Congreso y del Senado. El objetivo de esta ley era desvincular totalmente del IPC los precios que se fijan en la prestación de servicios públicos para contribuir a la estabilidad de precios y a la mejora de la competitividad de la economía española, según el Gobierno.
La norma deroga cualquier vinculación directa al IPC en los precios y servicios regulados o prestados por las administraciones públicas, de forma que nada se actualizará según el IPC, y los aumentos de precios deberán estar justificados por la evolución de los costes del servicio.
Eso redunda directamente en la negociación colectiva y reduce la capacidad adquisitiva de los trabajadores de empresas que trabajan para el sector público.
LA NUEVA LEY
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, con la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas europeas en materia de contratación pública, entró en vigor el 9 de marzo de 2018 y suprime la posibilidad de contratación sin publicidad, además de permitir la negociación salarial de las plantillas. O sea, es más garantista con los derechos de los trabajadores.
También establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.
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