Tribunal Supremo. Causa Especial 20907/2017. Siete magistrados presididos por Manuel Marchena. Doce acusados, los más destacados, Carmen Forcadell, expresidenta del Parlament y Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern. Siete fugados en distintos países europeos se han escapado de la justicia porque las órdenes europeas e internacionales de detención fueron revocadas por el juez instructor, dado que no se estimaron por los tribunales de algunos países europeos los cargos de rebelión y/o sedición sino sólo el de malversación. Como los cargos a los consejeros eran más graves que por los que se podían acusar al President de la Generalitat, Puigdemont, el juez Pablo Llarena renunció a la detención internacional. Serán llevados ante la justicia si pisan suelo español.
El presidente del tribunal hizo ayer especial hincapié en la normativa europea, sabedor de que, a criterio de las defensas de los acusados, este proceso recorrerá todo el itinerario posible de la normativa judicial española, que incluye los tratados internacionales firmados por España, en especial, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la carta esencial del Consejo de Europa que da fundamento a la construcción del espacio jurídico europeo.
La expectación política, judicial y mediática es absoluta. Por ello, el Tribunal Supremo ha estimado conveniente su retransmisión audiovisual en directo, en un gesto absolutamente inusual. La decisión es acertadísima, aún a riesgo de abrir la posibilidad de actuaciones más teatrales en las defensas o en la extraña acusación popular de un partido político como Vox.
Los independentistas sostienen fundamentalmente dos asertos, que es un juicio político –que es un juicio por ideas políticas y no por hechos delictivos- y que la sentencia ya está escrita –porque la independencia judicial es inexistente en España, siendo correa de transmisión de la política-. Cosidó (PP) no ayuda.
Estas posiciones son las que están siendo publicitadas en las campañas internacionales y que se van a expresar en el juicio verbalmente una y otra vez. El reto por un proceso con todas las garantías, para que quede claro que se juzgan hechos y no ideas ni opiniones, estará presente en las preocupaciones del tribunal juzgador, porque el prestigio de la justicia española está en el punto de mira de la opinión pública y publicada internacional.
El Tribunal Supremo no juzga la política sino el cumplimiento de las leyes, del Estatuto de Autonomía para Cataluña y la Constitución. Cuanto más claro quede, mejor para todos. Vienen meses de tensión ininterrumpida.
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