La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) alertó ayer del “estancamiento” en el volumen de licitaciones de obra pública en la provincia, que con 292.2 millones de euros en 2018, creció por debajo del cinco por ciento, mientras que la media de inversión en Andalucía aumentó un 83%. Este volumen de inversión “dista” de cifras alcanzadas en la provincia de Málaga en los años anteriores a la crisis -1.477 millones en 2007-, y aunque en los últimos años ha habido una paulatina recuperación respecto al peor dato -127 millones en 2015-, no alcanza la cuantía mínima que correspondería a Málaga, según los promotores.
Según la ACP, en términos interanuales, las Administraciones Locales y la Regional aumentaron su inversión en aproximadamente un 30%, pasando de 135,6 a 174,8 millones la inversión local, y de 65,3 a 83,1 millones la regional.
Sin embargo, la inversión Estatal se redujo en un 55% con respecto al año 2017 donde se invirtieron en nuestra provincia 77,5 millones, frente a los 34,3 con los que se ha cerrado la inversión estatal en el año 2018. Los representantes de la patronal resaltaron que esta cantidad ha quedado muy lejos de los 140 millones de euros comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado.
La secretaria general de la ACP, Violeta Aragón, ha argumentado que si se invirtiera en Málaga la media de España, prácticamente habría que duplicar la inversión, hasta situarla en 500 millones de euros, una cifra necesaria para garantizar la competitividad de la provincia como “locomotora” de la economía andaluza
No en balde, el pasado año la inversión media por habitante en Málaga se situó en 180,42 euros, mientras que la media española se quedó en 209 euros, y la andaluza, en 233,81 euros.
Así, según los datos de la asociación, el volumen de licitación pública en Andalucía ascendió en 2018 a 1.962,2 millones de euros, un 83 por ciento más que en 2017, cuando fue de 1.071 millones.
En todas las provincias se incrementó la inversión, excepto en Córdoba, donde “descendió mínimamente” hasta los 89,1 millones, a pesar de ser la provincia con una menor ratio de inversión por habitante, en concreto de 111,64 euros por habitante y año.
En el extremo opuesto se situó Almería, con 587,6 millones, lo que equivale a 838,8 euros por habitante al año, debido a los tramos licitados del Corredor Mediterráneo. Tras Almería le sigue en volumen de inversión Sevilla, con 346,6 millones (178,4 euros por habitante/año); Málaga con 292,1 millones (180,4 euros); Huelva, con 176,3 millones (339,9 euros/habitante); Granada, con 176,2 millones (191,9 euros/habitante); Cádiz, con 153,2 millones (123,7 euros/habitante); Jaén, con 99,8 millones (151,5 euros/habitante) y Córdoba.
Aragón ha advertido de que si se prolonga el estancamiento de la inversión pública en Málaga, “se resentirían los datos de empleo en construcción” y la provincia perdería competitividad, y ha añadido que las infraestructuras son “vitales” no solo para afianzar el liderazgo turístico sino también para los ciudadanos. Asimismo, ha insistido en la necesidad de que haya estabilidad política para el “buen funcionamiento” de la economía porque las infraestructuras son “proyectos a largo plazo”, de manera que no se pueden tomar “decisiones de un día para otro ni para hacer obras ni para dejar de hacerlas”.
En relación al proyecto del metro de Málaga, en el que la Junta apuesta por paralizar el metro al civil y estudiar la prolongación al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ha opinado que “no debería ser un proyecto por otro”.
Por su parte, la presidenta del Grupo de Contratistas de la ACP, María García, ha expresado su preocupación por la diversidad de criterios de aplicación de las administraciones de los nuevos requisitos de la Ley de Contratos. “No puede ser que se le dé la máxima puntuación a la empresa que más vehículos eléctricos adscriba a una obra, sin estudio de cuántos son los que realmente se necesitan o una comprobación posterior de que los vehículos comprometidos están realmente en la obra y no repartidos por toda España”, ha referido.
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