El Consejo de Gobierno ha acordado este martes disolver el ente público Consorcio Guadalquivir, así como la liquidación definitiva de unos 84 consorcios de UTEDLT, entidades de derecho público participados por el Servicio Andaluz de Empleo y las corporaciones municipales y supramunicipales.
El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha avanzado estas medidas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha explicado que la reorganización del sector público empresarial es también una de las prioridades.
El Consorcio Guadalquivir fue creado por el Gobierno socialista de José Antonio Griñán con el objetivo de dinamizar socioeconómicamente los municipios ribereños del río Guadalquivir y de su principal afluente, el Genil.
Bendodo ha recordado que el proyecto se presentó en 2009, en un evento "fastuoso" que costó más de 250.000 euros, y se constituyó en 2011, sin que ocho años después haya tenido "nada más, ni programas ni ningún tipo de medidas".
Los propios estatutos del Consorcio Guadalquivir establecen el procedimiento y las causas de disolución, entre las que se encuentran el incumplimiento de su finalidad y objetivos, el mutuo acuerdo de las entidades consorciadas o por imposibilidad de continuar su funcionamiento.
Además, el Gobierno andaluz ha aprobado impulsar definitivamente la disolución, liquidación y extinción de los antiguos consorcios de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT).
Este proceso se inició en 2010 con el Plan de Reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía y aún no ha culminado en 82 de estas entidades, que estaban "durmientes", según Bendodo.
Esta decisión pretende dar por finalizado el proceso de extinción ante un plan de reordenación que debía aplicar una minoración del número de entidades instrumentales del sector público andaluz y la simplificación de su estructura.
En el caso de las denominadas UTEDLT, cuyos consorcios están integrados por la Junta y las administraciones locales, el Ejecutivo andaluz entiende que el proceso se ha dilatado excesivamente y se ha realizado "de forma desorganizada, con graves carencias de planificación y gestión y con un desmesurado retraso".
Entre las deficiencias detectadas y que se insta a solventar, se encuentran la inexistencia de acuerdos de disolución y liquidación de los consejos rectores o la publicación en BOJA de su extinción final.
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