Juana Rivas afronta en las próximas semanas dos citas judiciales cruciales para su futuro, tras el recurso que presentó en la Audiencia de Granada contra su condena a cinco años de prisión por sustracción de menores, y el proceso civil por la custodia de sus hijos, que encara la última vista en Italia.
"Estoy sufriendo muchísimo, pero también sacando fuerzas de donde no las hay hasta que recupere a mis niños", ha señalado a Efe esta vecina de Maracena (Granada) desde Cagliari, en Cerdeña (Italia), donde permanece para poder ver a sus hijos, que habitualmente se encuentran con el padre y expareja de Rivas, Francesco Arcuri.
"Espero que todo salga bien, primero por mis niños y después por mí", ha insistido Rivas, quien ha reconocido las "dificultades" que está pasando en el país italiano donde, ha apostillado, sigue "resistiendo".
El Tribunal de Cagliari, que a lo largo de los últimos meses ha escuchado a cada una de las partes para evaluar la situación familiar y que debe resolver sobre la custodia de los hijos, ha fijado para el próximo 21 de febrero la vista definitiva sobre este proceso civil abierto en Italia.
Pocos días después, Rivas viajará a España para recoger el día 26 en Córdoba uno de los premios García Caparrós, otorgados por la Fundación Memoria y Cultura y que pretende reconocer la lucha de Juana "contra la justicia patriarcal y la violencia machista".
La Sección Primera de la Audiencia de Granada ha fijado para el día 27 la votación y fallo del recurso de apelación que presentó Rivas contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 que la condenó a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores.
La Fiscalía impugnó este recurso y solicitó al tribunal que se confirmara la sentencia condenatoria, coincidente con la petición de prisión que efectuó en el juicio, al entender el fallo "plenamente ajustado y acorde a derecho".
Para rechazar las alegaciones o peticiones efectuadas en el recurso por Rivas la Fiscalía sostiene, entre otras cuestiones, que Juana era "sabedora de la existencia de una resolución judicial que le imponía una clara y concreta obligación: devolver, restituir a sus hijos a su padre en Italia".
Además de a los cinco años de cárcel, fue condenada a seis años de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos por permanecer en paradero desconocido en verano de 2017 junto a ellos para no entregárselos al padre.
El fallo recurrido la obligaba también a pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación, y a indemnizar con 30.000 euros a Arcuri, condenado en 2009 por maltrato y al que ella volvió a denunciar en 2016.
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