La Policía Nacional ha detenido a 14 personas por un presunto delito de estafa y de organización criminal en el marco de la operación 'Ignis' y que ha llevado hoy a registrar varios tanatorios pertenecientes al Grupo El Salvador en Valladolid.
En el dispositivo han participado más de sesenta funcionarios pertenecientes, además de a la Policía Nacional, al Área Regional de Vigilancia Aduanera de Valladolid de la AEAT, según informa la Delegación del Gobierno a través de un comunicado remitido a Europa Press.
El operativo policial ha actuado en dos sociedades mercantiles del grupo del sector de los servicios funerarios, ambas con domicilio fiscal en Valladolid. Durante todo el día se han practicado registros en la sede social del grupo y en domicilios particulares que habían sido ordenados por el Juzgado de Instrucción que conoce el procedimiento.
Entre los detenidos, según han apuntado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, se encuentra el propietario, que a esta hora permanece en los calabozos de la Comisaría de Delicias.
La delegada del Gobierno Virginia Barcones, acompañada por el jefe superior de Policía, Jorge Zurita, explicarán mañana, una vez que la autoridad judicial ha levantado el secreto de las actuaciones y que ha concluido la primera fase de explotación policial de la Operación Ignis, los detalles de esta actuación.
La denuncia del Grupo El Salvador a un antiguo empleado que pretendía extorsionar a la empresa para lograr una mejora de su jubilación, lo que dio lugar a un proceso penal con la condena de este último, parece haberse vuelto en contra de la mercantil funeraria, cuyo propietario y algunos empleados permanecen detenidos desde esta mañana por supuesta estafa relacionada con la sustitución de ataúdes de calidad por otros más baratos en procesos de incineración para reutilizar luego los primeros con otros clientes.
Según ha informado eldiario.es, los investigadores sospechan que empleados de la funeraria sacaban los cadáveres de las cajas antes de la cremación y los metían en otros de baja calidad, al tiempo que reutilizaban las coronas de flores. Se trata de una investigación por estafa que podría alcanzar un valor de varios millones de euros.
LA EMPRESA CARGA CONTRA EL EXEMPLEADO
La propia empresa, a través de un comunicado, ha responsabilizado de dichas "prácticas irregulares" a un extrabajador que habría estado extorsionando a la empresa.
En el año 2017, la mercantil asegura haber sufrido por parte de un exempleado aludido un chantaje económico consistente en la reclamación de diversas cantidades económicas a cambio de no revelar determinadas "prácticas irregulares que él, supuestamente, habría cometido".
"Ante la grave acusación e irrealidad de los hechos objeto de chantaje", Grupo El Salvador presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policial por un posible delito de extorsión, incoándose diligencias previas ante el Juzgado de Instrucción, con posterior juicio ante el Juzgado de lo Penal, que condenó al denunciado, jubilado de la empresa en febrero 2015, como autor de un delito de extorsión a la pena de un año de prisión.
La sentencia, siempre según advierte la mercantil funeraria, indicaba textualmente que el acusado chantajeó a la empresa con el objetivo de que fuera mejorada su pensión de jubilación, y sin que en la citada sentencia se determinara actuación irregular alguna por parte de la empresa.
Sin embargo, la presente operación policial se basa en determinadas pruebas, documental y fotográfica, que el extrabajador habría acumulado durante años y que habría presentado sobre las supuestas prácticas ilícitas de empleados de la funeraria investigada.
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