El Juzgado de lo Social número cuatro de Córdoba ha condenado a la Asociación Jóvenes para el Futuro y a la Fundación Guadalquivir Futuro a devolver las cantidades retraídas, algo más de 5.000 euros a cuatro de los trabajadores contratados a través de ayudas al empleo de la Junta de Andalucía.
Así lo han dicho a Europa Press fuentes judiciales, señalando que en la sentencia, se confirma el desvío de los fondos que dichas entidades recibían a cargo del programa Emplea de la Junta de Andalucía.
Así, "la manera de desviar parte de la cuantía de la subvención percibida era exigiendo la devolución del dinero" percibido en sus nóminas por los trabajadores afectados, "ya que la empresa no podía detraerlo directamente de la nómina" de éstos, que "donaban" de esta forma el 25 por ciento de su sueldo, "ante el temor", fundado o no, de la "pérdida de su empleo" si no realizaba los pagos.
En la sentencia, que se suma a otra similar ya dictada en marzo del pasado año, también se indica que "parte de la subvención destinada al pago de salarios se ha destinado a incrementar los recursos dinerarios e la Fundación Guadalquivir Futuro o se ha entregado en mano a Cristian Menacho", responsable de la misma, junto a su madre, Ángeles Muñoz.
La jueza, de hecho, se refiere a Menacho como "el jefe", según el relato de los trabajadores denunciantes, mientras que su madre era "la gran jefa o la jefa suprema", siendo "el jefe" quien propuso a los demandantes, o "prácticamente se lo dio como un hecho necesario, que donaran mensualmente parte de su salario a favor de la Fundación Guadalquivir Futuro, porque era una forma de obtener recursos para el barrio y un mecanismo para que ellos involucraran con las personas con las que trabajaban".
Esta manera de actuar entraña "un uso abusivo" de la personalidad jurídica de Menacho y Muñoz, que, según la sentencia, han actuado "de forma coordinada" para obtener fondos para la Fundación "a través de donaciones impuestas" a los trabajadores, con el agravante "de que eran contratos de trabajo subvencionados destinados a contratar a personas desempleadas en situación de especial vulnerabilidad".
El pago de este 25 por ciento del salario, según se insiste en la sentencia, "no fue una decisión libre, sino que la voluntad de los donantes estaba viciada por el ambiente coactivo en el que se accedió a hacerlas".
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