El exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, el expresidente de la asociación de mayoristas de pescado Antonio Vela y su hija, nueve extrabajadores de la lonja y dos mediadores serán juzgados desde mañana por prevaricación y malversación en la empresa municipal que dio origen al caso ERE.
Mellet, que ya fue condenado a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa por cohecho al pedir mordidas a dos empresarios por una adjudicación, se enfrenta ahora a 24 años de cárcel y 40 de inhabilitación como autor y cooperador necesario de varios delitos de prevaricación y malversación por pagos ordenados sin "causa justa alguna", con "ánimo de liberalidad" y que según el fiscal causaron un perjuicio a la lonja de 449.164,74 euros.
En concreto, el Ministerio Público le acusa de tres pagos en el 2008 por un total de 69.800 euros al comercial de Vitalia Francisco José González -una de las empresas mediadoras de los ERE- y al administrador de Hermes Consulting Francisco Limón por "servicios inexistentes" y sin informar ni a la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla ni al Consejo de Administración.
El fiscal pide para González y Limón cuatro años y medio de prisión y 8 de inhabilitación.
Además, acusa a Mellet de pagar, entre el 2007 y el 2008, 144.328,62 euros a la Asociación de Mayoristas de Pescado presidida por Antonio Vela por supuestos "anteproyectos y estudios" para la construcción un nuevo mercado, publicidad, propaganda o relaciones públicas, todo ello sin comunicarlo al Consejo ni justificación.
Parte del dinero lo usó la asociación para comprar mil palets, para lo que ya había recibido una subvención de la Junta, y el fiscal pide a Vela cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación.
También consta el pago en 2008 a la hija del presidente de los mayoristas, Carmen Vela, de 16.500 euros en concepto de una beca de la Fundación Mercasevilla que "no existía", por lo que ella afronta tres años y medio de prisión y ocho de inhabilitación.
Por último, Mellet será juzgado junto a nueve trabajadores "cercanos a él" -a los que la Fiscalía pide tres años de prisión y ocho de inhabilitación- que se prejubilaron en el ERE del 2007 y percibieron cuantías extras a las pactadas con los sindicatos de entre 15.000 y 72.000 euros.
Una de ellas además tras causar baja en Mercasevilla facturó hasta 44.971 euros a nombre de una sociedad para "realizar de manera externa las mismas funciones".
La investigación del cohecho de Mercasevilla, que instruyó Mercedes Alaya, llevó a la jueza a los ERE de la lonja subvencionados por la Junta, donde encontró el primer prejubilado "intruso", que la llevó a abrir una macrocausa en cuya pieza política han sido juzgados 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El juicio de esta pieza separada del caso inicial de Mercasevilla, en el que el PP-A ejerce la acusación popular, comienza mañana en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla y se celebrará durante un mes con sesiones diarias.
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