La Diócesis de Cádiz ha validado los sacramentos administrados por Miguel Ángel Ibarra Marín, de nacionalidad colombiana, que ejerció de párroco en Jimena desde su llegada a España en 2017 y que este curso pasó a Medina Sidonia, aunque ha sido cesado por el Obispado tras conocerse que no había sido ordenado nunca sacerdote. Una responsable de prensa del Obispado explicó hoy en la Cadena SER que, debido a que quienes acudieron en su día en Jimena para proceder a su bautismo, comunión, boda o cualquier otro sacramento, lo hizo de buena voluntad, por lo que han validado los mismos a pesar de que una investigación ha demostrado ahora que el párroco nunca había sido ordenado sacerdote y, por tanto, no puede ejercer como tal.
La Diócesis de Cádiz ha cesado a Miguel Ángel Ibarra Marín, de nacionalidad colombiana, como párroco en Medina Sidonia tras conocer que no había sido ordenado nunca sacerdote.
A través de un comunicado, la Diócesis de Cádiz y Ceuta ha señalado que Miguel Ángel Ibarra Marín llegó a Cádiz través de un acuerdo firmado con el Arzobispo de la Archidiócesis de Santa Fe de Antioquia (Colombia), a la que pertenecía.
El supuesto sacerdote había ejercido en varias diócesis colombianas y habría entregado toda la documentación requerida en estos casos.
Desde el inicio de este curso, Ibarra oficiaba en las parroquias de Santa María La Mayor y Santiago Apóstol en Medina, aunque había llegado a España en el año 2017 y había ejercido en Jimena de la Frontera (Cádiz).
Fue el pasado 13 de diciembre cuando la Archidiócesis colombiana avisó a la Diócesis de Cádiz y Ceuta de que, tras una denuncia de falsedad en sus documentos de ordenación, se había llevado a una investigación en la que se concluía que Miguel Ángel Ibarra no había sido nunca ordenado sacerdote, aunque según la documentación que aportaba ejercía desde enero de 1998.
Ahora será Joaquín Fluriach, sacerdote en otra parroquia de Medina Sidonia, quién suceda a Miguel Ángel Ibarra en sus funciones como párroco.
Fuentes obispales consultadas por EFE han indicado que todos los sacramentos oficiados por esta persona son válidos, ya que “la gracia de Dios está por encima de las personas”.
Sin embargo, “las confesiones son nulas porque se ha traicionado la confianza del creyente”.
No es la primera vez que la Iglesia se encuentra ante una situación como esta, ya que en el año 2012, el Arzobispado de Sevilla relegaba de sus funciones a Ángel Orellana, quien llevaba ejerciendo como sacerdote en la sevillana parroquia de Santa María de las Flores y San Eugenio durante siete años, pese a no estar reconocido como cura.
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