El Consejo de Gobierno en funciones ha concedido hoy doce subvenciones a otras tantas entidades locales de las ocho provincias andaluzas, por un importe de 73 millones de euros, para financiar el desarrollo de sus planes locales de intervención en zonas desfavorecidas durante los próximos tres años.
Estas ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, forman parte de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, aprobada el pasado agosto con una dotación total de 169,5 millones.
Los fondos se destinarán a mejorar la vida de más de 900.000 habitantes en 99 áreas desfavorecidas de 65 municipios de la comunidad autónoma.
Se destinan a los ayuntamientos de Sevilla (12,7 millones de euros), Málaga (9,3 millones), Jerez de la Frontera (7,9), Almería (6,6), Granada (6), Córdoba (5), Algeciras (3,6), Cádiz (3,3), Huelva (4,6) y Motril (3), así como a las diputaciones de Jaén (5,3 millones) y Granada (4,9 millones).
Las subvenciones autorizadas se corresponden con las que debe aprobar el Consejo de Gobierno por ser sus cuantías superiores a los tres millones de euros.
A ellas se suman las ya convocadas para el mismo fin por debajo de este límite, que suman 28 millones, y las destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro, con 9,3 millones.
La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social 2018-2021 se desarrolla en 99 zonas que han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante o la existencia de problemas sanitarios, educativos y de seguridad y convivencia, entre otros.
De ellas, 18 corresponden a la provincia de Cádiz, 14 a Málaga y otras 14 a Sevilla. Les siguen Granada (13), Jaén (12), Almería (11), Huelva (9) y Córdoba (8).
En su mayor parte, se trata de entornos urbanos con elevada concentración de población en situación vulnerable y afectados por la existencia de barreras físicas.
La intervención se desarrolla a través de planes locales promovidos por los ayuntamientos en los 43 municipios de más de 20.000 habitantes y por las diputaciones provinciales en los 22 de población inferior.
Los planes abarcan las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, especialmente las vinculadas a facilitar el acceso a los sistemas de protección social y la inserción sociolaboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión.
Entre sus medidas concretas, destacan las dirigidas a evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; reforzar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.
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