La juez María Núñez Bolaños, que indaga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, con la que fueron financiados expedientes de regulación de empleo (ERE) innecesarios o sin la tramitación necesaria y subvenciones directas y supuestamente arbitrarias a empresas, ha excluido también al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero de la pieza separada correspondiente a las subvenciones concedidas al denominado "entramado" empresarial de la Sierra Norte.
En un auto emitido el pasado 19 de diciembre y recogido por Europa Press, la juez María Núñez Bolaños recuerda que ya el pasado 13 de octubre acordó apartar de esta pieza separada al exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, por una "cuestión de orden público" relacionada con el juicio celebrado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, --entre ellos los expresidentes autonómicos Manuel Chavez y José Antonio Griñán, los exconsejeros Viera o Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero--, por el procedimiento mediante el cual fueron canalizadas las mencionadas subvenciones para expedientes de regulación de empleo o para empresas.
A tal efecto, recuerda la juez que en la causa del citado juicio, bautizada como del "procedimiento específico", "se han agotado los hechos de relevancia penal apreciables, de forma que dirigir nuevas causas contra quienes van a ser enjuiciados por su participación en la creación, impulso o mantenimiento de un procedimiento presuntamente ilegal (para las subvenciones) implicaría la vulneración de su derecho fundamental a un juicio con las debidas garantías, ya que supondría su persecución penal por los mismos hechos en más de un enjuiciamiento".
En ese sentido, recuerda la juez que según la propia Audiencia, los hechos enjuiciados por la Sección Primera de dicha instancia "no sólo comprenden la ideación, diseño, organización, establecimiento y mantenimiento del sistema o procedimiento de concesión presuntamente ilegal, sino que se extiende a la concesión o pago de las ayudas generadas con el sistema ideado y mantenido, denominado procedimiento específico, entre los años 2000 y 2011".
"SE ENGLOBAN TODOS LOS PAGOS"
"Los hechos que se investigan en esta causa constituyen sin duda pagos y ayudas concedidos y realizados en el marco del 'sistema ideado y mantenido', lo que justifica que el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación en el denominado 'procedimiento específico' acuse no sólo de prevaricación, sino también de malversación, acusación de la que deriva la responsabilidad civil y en la que se engloban todos los pagos que en virtud del sistema ideado se realizaron, como indica la Audiencia", señala la juez respecto a la pieza separada correspondiente a las subvenciones autonómicas concedidas al denominado "entramado" empresarial de la Sierra Norte.
Dicha pieza separada, en concreto, aborda las subvenciones concedidas y abonadas a 18 empresas o entidades relacionadas con la Sierra Norte de Sevilla mediante convenios, resoluciones u órdenes de pago firmadas por Francisco Javier Guerrero como entonces director general de Trabajo y Seguridad Social o por su departamento, toda vez que en el juicio por el denominado "procedimiento específico" se acusa a Guerrero de conceder 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas
directas a empresas "a pesar de que carecía de competencias" para ello.
"Del análisis de estas actuaciones no cabe la menor duda de que nos encontramos ante pagos realizados al amparo de dicho procedimiento y, por tanto, como señala la Audiencia Provincial, enjuiciado en el denominado procedimiento específico", insiste la juez Núñez, señalando que el "conocimiento y uso" de Guerrero respecto a "este sistema para desviar fondos de modo discrecional y arbitrario" ha sido objeto del juicio celebrado en su contra y contra otros 21 ex altos cargos de la Junta.
Por eso, la juez ordena excluir a Francisco Javier Guerrero de esta pieza separada, toda vez que merced a este principio de "orden público" esgrimido por María Núñez Bolaños, Guerrero ya ha sido excluido de más de 20 de las piezas separadas en las que se divide la investigación individualizada de las ayudas directas o sociolaborales en la que se tradujo el sistema del denominado "procedimiento específico".
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