El Tribunal Supremo, que hoy ha rechazado paralizar cautelarmente la exhumación de Francisco Franco, ha señalado que no se podrán trasladar los restos hasta que el alto tribunal resuelva el más que previsible recurso de la familia contra el acuerdo final del Gobierno, previsto para finales de enero.
Tras dos horas y media de reunión, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha desestimado la solicitud de la familia del dictador de suspender de forma cautelar los trámites acordados por el Consejo de Ministros para seguir con la exhumación, han informado fuentes del Supremo.
La Sala lo deniega porque el acuerdo recurrido no justifica por sí mismo la exhumación de los restos mortales ni produce una situación irreversible que haga perder su finalidad al recurso, ya que no hay ninguna orden directa y efectiva para exhumar.
Ello se produce el mismo día en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado a Efe que prevé exhumar los restos a finales de enero.
Ahora bien, los magistrados recuerdan que el futuro acuerdo de exhumación es también susceptible de ser objeto de un nuevo recurso ante la Sala, incluida la medida cautelar ahora planteada.
Y precisan que la decisión final del Gobierno no podrá ser ejecutada sin el visto bueno de la familia, algo imprevisible, o sin que se de la oportunidad a sus familiares de recurrir ante el Supremo.
Dicho de otro modo, el Ejecutivo no podrá trasladar los restos mortales de Franco hasta que el Supremo no resuelva el más que previsible futuro recurso que los nietos de Franco presentaran ante este mismo tribunal.
Como ejemplo, los magistrados citan una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a Polonia por realizar dos exhumaciones sin escuchar a las familias, que se oponían a trasladar los restos mortales de dos personas que fallecieron en 2010 el accidente del avión en el que viajaba el presidente Lech Kaczynksi.
La sección, presidida por el conservador Jorge Rodriguez Zapata, ha acordado este fallo en una sesión a puerta cerrada a la que solo han asistido los seis magistrados.
De esta forma, el Gobierno podrá continuar por el momento con el procedimiento de exhumación de los restos mortales de Franco, que lo justifica en cumplimiento de la ley de 2007 que reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, aunque sabiendo que todo puede quedar paralizado en el futuro.
En virtud del real decreto aprobado por el Ejecutivo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, debe remitir al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde se encuentra el Valle de los Caídos, el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación.
Los siete nietos de Franco se niegan a cambiarlo de sepultura, convencidos de que legalmente "no es posible" llevar adelante los planes del Gobierno, pues la basílica benedictina es un lugar de culto y, por lo tanto, está sujeta al Concordato con la Santa Sede.
La familia lanzó un órdago al anunciar que, si finalmente los restos de Franco son sacados del Valle, los enterrarán en la cripta que la familia tiene en la catedral de la Almudena, en pleno centro histórico de Madrid, a lo que se opone el Gobierno de Sánchez.
Frente que llevó a la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, hasta el Vaticano para tratar de que mediara en el conflicto el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolín.
El Gobierno aseguró haber llegado a un acuerdo para que Franco no acabara en la Almudena. El Vaticano señaló en un comunicado que Parolín coincidía con Calvo en apoyar la exhumación pero matizó que "en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación".
Así, el Ejecutivo aboga porque el dictador sea enterrado en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid), donde la familia Franco tiene un panteón en el que reposan desde 1988 los restos de su mujer, Carmen Polo.
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