El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha advertido hoy de la actual situación de "descrédito institucional", que afecta también a su juicio a la administración de Justicia, y ha pedido a la sociedad en general que no pierda la confianza en los jueces.
Durante un encuentro navideño con periodistas, Del Río ha mostrado su "preocupación" por ese descrédito institucional que se está "transmitiendo sin querer a todas las administraciones, también a la de Justicia", una situación que "hay que revertir".
Entre los problemas de la administración de Justicia ha citado los de imagen y lentitud, además de los de la separación de poderes "relacionados con ciertas actuaciones que no son nuestras, sino del resto de poderes del Estado", y los de decisiones judiciales que "pueden no ser bien comprendidas y que no han sido bien gestionadas en algunos momentos".
Pero esas actuaciones individuales, ha opinado, "no pueden generar una desconfianza en la sociedad y que la sociedad no crea y no tenga confianza en sus jueces ni en su sistema judicial".
Por ello, ha rechazado la descalificación global que "muchas veces puede ser interesada o utilizada demagogicamente para otros temas externos o para ganar réditos de otro tipo", y ha pedido a la ciudadanía que confíe en los jueces y en la administración de Justicia porque, pese a sus problemas, tiene "un alto grado de eficacia e independencia".
En esa línea se ha referido a sentencias como la de la Manada para considerar que "puede ser no bien comprendida" y que, aunque la crítica es "importante", le preocupa que no se hable por ejemplo de los "defectos de técnica legislativa" que pueden existir con respecto a ese fallo judicial y que evidencian la necesidad de una reforma de los delitos contra la libertad sexual.
Lo importante, ha incidido, es "no generar esa desconfianza; hace años había un respeto a la Justicia y parece que se va perdiendo, y eso no es bueno", ha concluido.
Por otra parte, sobre la incautación judicial de móviles y ordenadores a periodistas de Mallorca para investigar una filtración del caso Cursach, ha eludido valorarla pero ha considerado que el caso merece una reflexión al entrar en juego tanto el derecho a la información como el respeto al secreto judicial.
"En principio el fiscal lo ha solicitado, la Policía lo ha efectuado y el juez lo había autorizado, vamos a valorar cuáles son las críticas o no que merece esa actuación", ha señalado.
Ha abogado por buscar el equilibrio entre la libertad y el derecho informativo y la labor judicial y el respeto al secreto, porque ambos son, ha dicho, valores constitucionales.
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