El abogado José Rebollo, que defiende al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha advertido este lunes que la Intervención General de la Junta es "el clavo ardiendo al que se agarran ciertos políticos para eludir sus responsabilidades".
Así ha comenzado este lunes su informe final en defensa de Manuel Gómez, que se enfrenta a seis años de prisión y 30 de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación. Rebollo, ausente durante las últimas semanas del juicio por una enfermedad y cuya labor ha sido valorada por los letrados de las defensas, ha iniciado su turno agradeciendo al tribunal de la Sección Primera, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle, el desarrollo del juicio, que hoy ha alcanzado la sesión número 147.
"Esta defensa se va a defender de las acusaciones de la Fiscalía y del PP-A, pero no de las numerosas acusaciones hechas por otras defensas, que se basan en una tosca, errónea y falaz interpretación de las normas", ha reprochado Rebollo, quien considera esta posición "legítima" en el derecho de defensa, pero la ha considerado una estrategia "a la desesperada y evasiva" por parte de ciertas defensas. "Es como si la Intervención es el clavo ardiendo al que se agarran ciertos políticos para eludir sus responsabilidades", ha advertido.
Sobre la actuación de Manuel Gómez, su abogado ha indicado que la labor del interventor está reglada, precisando que éste conociera las irregularidades detectadas por la propia Intervención en el sistema de concesión y pago de las ayudas de los ERE "no supone conocer" que las ayudas eran destinadas a otros fines de los inicialmente fijados, así como tampoco se puede equiparar al conocimiento de menoscabo. "Conoció las irregularidades, pero no que éstas estaban siendo utilizadas para cometer delitos por la Dirección General de Trabajo", ha añadido.
Para Rebollo la acusación es "significativamente imprecisa e inconcreta", afirmando que es "inconcebible e incoherente" que quien alertó de las irregularidades, en este caso, Manuel Gómez en los informes de la Intervención, como el adicional de 2003, que es fundamental para las acusaciones, al mismo tiempo participara de un sistema de ayudas hecho para eludir el control. "Es incongruente que Gómez alertara de las irregularidades y se le responsabilice de un delito de prevaricación y malversación", ha insistido.
En este punto, ha señalado que Manuel Gómez, a través de los informes, "daba cuenta de las deficiencias detectadas" en el programa presupuestario 31L, con el que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas y cuyos fondos allegaba al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a través de transferencias de financiación para pagar las subvenciones, a los órganos superiores "con facultades para poner fin a las irregularidades", por ello, "no se puede entender que Gómez pretendiera consentir la sustracción de caudales públicos y emitiera estos informes".
La actuación de Gómez "fue conforme a derecho", según Rebollo, recordando los numerosos informes realizados por éste y que sustentan las acusaciones, como el informe adicional de Control Financiero Permanente de 2003, conocido en 2005, que se realizó tras analizar una veintena de expedientes de concesión de ayudas y que concluyó que se estaban dando ayudas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
La Intervención General recogió en 19 informes "tales irregularidades" y se remitieron a "los destinatarios previstos en la norma", según el abogado, que ha insistido en que Gómez advirtió de las irregularidades del sistema "en numerosas ocasiones, pese a lo cual los competentes para subsanarlos no hicieron nada al respecto".
"ANÓMALO COMPORTAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO"
Sobre el uso de las transferencias de financiación, Rebollo ha indicado que el destino final de los fondos "no se desprende" del expediente de las transferencias fiscalizados de conformidad.
"La decisión última no corresponde a la Intervención General, que de haber fiscalizado de disconformidad no hubiera interrumpido el anómalo comportamiento de la Dirección General de Trabajo, ni suspendería la concesión ni que IFA/IDEA pagara", ha señalado Rebollo.
Tras la emisión del informe adicional de 2003 y conocido en 2005, "los superiores jerárquicos eran conocedores de las irregularidades y pudieron tomar medidas". El consejero de Empleo --Antonio Fernández--, pudo dictar instrucciones para que la Dirección General de Trabajo "no tramitara las transferencias de financiación" y que "rescindiera" los convenios con IFA/IDEA. El consejero de Hacienda --José Antonio Griñán-- pudo dictar instrucciones para "ordenar al ordenante del pago --la Dirección General de Tesorería-- paralizarlos". El consejero de Innovación --Francisco Vallejo-- pudo ordenar a IFA/IDEA dejar de "abonar las ayudas y rescindir los convenios con la Dirección General de Trabajo".
"Cualquiera de los tres estaba habilitado para tomar las medidas necesarias para suspender las transferencias de financiación y para desechar su uso", ha concluido a este respecto.
NO CONCURRÍAN LOS SUPUESTOS PARA UN INFORME DE ACTUACIÓN
Frente al reproche que se le hace a Gómez por parte de las acusaciones de que tuvo realizar informe de actuación ante las irregularidades detectadas, Rebollo ha asegurado que en este caso no concurría los supuestos de hecho para los cuales está previsto.
La Fiscalía equipara irregularidad con riesgo de menoscabo, si bien el supuesto de hecho que habilita la emisión de un informe de actuación se refiere a un menoscabo real y no meramente hipotético o potencial.
El interventor, en lugar de emitir un informe de actuación, elaboró un informe adicional --2003-- tratando de suplir un vacío legal que se producía en supuestos como éste en que la intervención detectase deficiencias e incumplimientos imputables a órganos distintos --Dirección General de Trabajo-- de la entidad auditada --IFA/IDEA-- y, por tanto, cuya solución correspondía a órgano distinto a la entidad auditada.
Rebollo, que ha defendido en este sentido la labor de Manuel Gómez, ha subrayado las palabras de la Fiscalía al respecto: "la gravedad de los hechos e incumplimientos que se recogen en los informes de control financiero supone una dación de cuentas más que suficiente para que la forma de proceder de la Consejería de Empleo hubiera cambiado y se hubieran puesto en marcha mecanismos que hubieran permitido dejar de seguir con esta práctica".
Además, subraya que el informe adicional "tuvo los mismos destinatarios que un hipotético informe de actuación", por lo que la actuación realizada por la Intervención "pudo ser más eficaz que un informe de actuación".
Por ello, conocidas mediante el informe adicional las irregularidades por los órganos que tenían potestades ejecutivas para promover o corregir el cambio, quedaba en sus manos actuar de conformidad con sus facultades y competencias, en referencia a la Consejería de Adscripción --Empleo-- y Hacienda.
"Entendemos que ha quedado acreditado que no procedía la emisión de informe de actuación", ha insistido, añadiendo que es un informe de carácter no vinculante ni decisorio, que, como tal, no es susceptible de integrar un delito de prevaricación.
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