El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha convocado mañana a los sindicatos y a la patronal para consultarlos y, sobre todo, presentarles las medidas con las que pretende abordar la crisis de los "chalecos amarillos", la más grave en los diecinueve meses que lleva en el poder.
Según la emisora France Info, a la cita, fijada para las 10.00 hora local (09.00 GMT), también está previsto que acudan los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, así como responsables de asociaciones de municipios y regiones.
El encuentro precederá a la esperada intervención pública de Macron, que el Elíseo confirmó hoy que será también mañana a las 20.00 locales (19.00 GMT).
El jefe del Estado ha guardado silencio durante toda esta semana, desde que el domingo volvió de la cumbre pasado del G20 en Buenos Aires, y ha dejado que sea su primer ministro, Édouard Philippe, quien afronte en primera línea la gestión de las protestas de los "chalecos amarillos".
Philippe recibió el viernes por la noche a una delegación de una facción considerada moderada de ese movimiento, mientras la ministra francesa de Trabajo, Muriel Pénicaud, se reunió con la patronal y los sindicatos, salvo la Confederación General del Trabajo (CGT, la segunda central del país, que la boicoteó.
Tras la cuarta jornada de movilización ayer de los "chalecos amarillos", en la que se repitieron los disturbios en París y en otras ciudades del país, se han repetido desde todo el arco político los llamamientos para que Macron intervenga rápidamente.
Dentro de su propio Ejecutivo, el ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, antiguo barón socialista, mostró hoy su esperanza de que la intervención del jefe del Estado ataje la "deriva" de las últimas semanas, que le hace estar "inquieto" por las instituciones, y espera "un nuevo contrato social" con los franceses.
En declaraciones al canal LCI, Le Drian subrayó que "ahora la cuestión principal es el poder adquisitivo" y que las palabras de Macron demostrarán que "ha entendido este movimiento" y va a fijar la dirección para que el país se encamine a "un nuevo contrato social indispensable".
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