PP e IU han abierto ya el debate político acerca de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), de cuya aprobación han transcurrido ahora diez años y cuyo desarrollo se ha visto sensiblemente afectado como consecuencia de la crisis inmobiliaria, económica y financiera que ha caracterizado a buena parte de este periodo.
El portavoz del grupo popular y candidato a la Alcaldía, Antonio Saldaña, entiende que diez años después de que fuera aprobado, puede hablarse ya de un PGOU “fallido” porque se elaboró “bajo unos criterios que no eran los adecuados”. “Este plan se elaboró estábamos todavía viviendo el boom inmobiliario y prácticamente en el embrión de la crisis y por tanto sufre esas consecuencias. Se plantearon unas cargas urbanísticas muy importantes para desarrollos de suelo inviables y se volvió a caer en el error de apostar por una ciudad expansiva, en detrimento del centro histórico”, explica.
Su compromiso como candidato a la Alcaldía no es otro que el de promover la revisión del documento en cuanto se constituya la nueva Corporación municipal, con el objetivo de que el futuro PGOU pueda ser aprobado a mediados de la próxima legislatura. “La idea es empezar a trabajarlo en el próximo mandato y tenerlo aprobado en los primeros dos años”, subraya. A juicio de Saldaña, el nuevo documento debería apostar por la recuperación del centro histórico y por el desarrollo de la actividad económica y el empleo, facilitando la llegada de empresas.
El portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, comparte en buena medida este análisis. “Este plan se elaboró en plena expansión de la burbuja inmobiliaria y hoy no se adapta a las circunstancias concretas de la ciudad ni recoge el espíritu de sus demandas reales”, señala, de ahí que vea necesario “abordar un debate profundo” por cuanto la “coyuntura” actual es “contraria a la que había” en el momento en el que fue aprobado.
Ruiz-Berdejo entiende además que Jerez “necesita un revulsivo desde la perspectiva urbanística” que permita poner en marcha “medidas que faciliten la implantación de empresas y la regeneración y repoblación del centro histórico”, y esa “herramienta” es a su juicio el PGOU.
Agua de borrajas
El documento que se encuentra todavía en vigor se aprobó en un momento en el que se todavía se cuestionaba la virulencia de la crisis económica y financiera y tampoco tenía en cuenta la situación económica del Consistorio.
Sólo así se entiende que se llegara a contemplar la construcción de 22.000 viviendas protegidas (VPO) o se reservaran hasta cinco millones de metros cuadrados de suelo a actividades industriales.
Incluso, se fiaba el 70 por ciento de la ejecución del plan a la capacidad económica de los promotores inmobiliarios, cuando apenas unos meses después buena parte de esas sociedades entraban en concursos de acreedores por su incapacidad de hacer frente a los compromisos financieros adquiridos en los años previos a la crisis.
La revisión del PGOU que deberá acometerse en estos próximos años tendrá que ajustarse al contexto económico actual, marcando horizontes más realistas.
Un plan que nació sin ningún consenso
El PGOU fue aprobado en Pleno en octubre de 2008, con Pilar Sánchez gobernando con mayoría absoluta. El PSOE fue de hecho el único grupo municipal que respaldó un documento entonces criticado a partes iguales por PP, PSA e Izquierda Unida.
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