El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva ha subrayado hoy, ante la decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite el recurso presentado por las empresa concesionaria a la sentencia del TSJA relativa al procedimiento de adjudicación del contrato de zona ORA, que dicho procedimiento administrativo fue avalado por el Mesa de Contratación, órgano colegiado del Ayuntamiento “en la que estaban representados todos los grupos políticos, el interventor y el secretario municipal”.
Sacristán, quién ha dejado claro que desde el Grupo Municipal “mostramos nuestro respeto absoluto a las decisiones judiciales, tanto a la del TSJA como a la del Contencioso Administrativo, emitida con anterioridad, que sobre la misma cuestión tienen posturas diferentes”, ha incidido en que la sentencia del alto tribunal andaluz y ahora refrendada por el Supremo “se refiere exclusivamente a cuestiones puramente administrativas”. “El Tribunal Supremo no entra en el fondo de la sentencia del TSJA, simplemente no admite el recurso de la empresa concesionaria por no ser motivo de casación”, recalca.
La concejal popular ha explicado que las adjudicaciones de los contratos públicos “se llevan a cabo por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento, el órgano colegiado del que formaban parte todos los grupos municipales, el interventor y el secretario, que son los encargados de velar por la legalidad del procedimiento”. Así, ha añadido que “los informes elaborados por los técnicos no responden al capricho de un técnico en cuestión, sino que son emitidos a solicitud de la Mesa de Contratación que ratifica o no los mismos, con la intervención del secretario y el interventor del Ayuntamiento”.
Sacristán también ha apuntado que “en todos los contratos del Ayuntamiento, la parte económica del informe técnico es realizada por el técnico del área correspondiente a propuesta de la Mesa de Contratación, en este caso el Jefe de Policía, informes que no son vinculantes, sino que tienen que ser ratificados por la Mesa de Contratación de la que forma parte el máximo responsable económico del Ayuntamiento, el interventor”.
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