El abogado José Ávila, que ejerce la defensa del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha cuestionado por qué no paralizaron el pago de las ayudas "quienes podían, la juez instructora Mercedes Alaya y el Ministerio Fiscal, si estaban convencidos de que eran ilegales", por qué no lo hizo --la magistrada-- si era "consciente" de la actuación ilegal de la administración andaluza.
De esta manera se ha pronunciado Ávila en su informe final, cuya exposición ha dado comienzo este martes, y con el que pretende demostrar la inocencia de Guerrero, quien se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación.
A su juicio, la prueba practicada, incluida la pericial, han demostrado "las dudas e incoherencias" de tesis acusatorias, subrayando que "múltiples contradicciones, incoherencias y errores que emanan de la instrucción" de la causa se han arrastrado hasta la vista oral, por ello ha solicitado al tribunal de la Sección Primera, presidido por Juan Antonio Calle Peña, "un pronunciamiento justo despojado de circunstancias externas".
Ávila, que ha rechazado la premisa en la que se basa la tesis de las acusaciones sobre el hecho de que durante una década se instauró un sistema de concesión de ayudas para "apoyar" al Gobierno andaluz y que defraudó importante cantidades de dinero sin control, ha asegurado que con este juicio se ha pretendido sacar "beneficios políticos", usando para ellos medios "para construir un juicio paralelo" con "ánimo político y fin sensacionalista".
En un primer momento, ha planteado "por qué no se ha traído a la causa a todos los beneficiarios, no juzgando sólo a los políticos" si se considera el dinero defraudado el importe total de las pólizas de renta colectivas firmadas para el pago de las ayudas.
En este sentido, ha asegurado que la juez y la Fiscalía "podían haber ordenados cortar los pagos de las ayudas o embargar los bienes a los beneficiarios" si consideraban defraudado el dinero concedido. "Si no se ha hecho es porque la instructora no lo consideró así, dejando fuera las ayudas del delito de malversación", ha afirmado, lamentando que la fianza impuesta a Guerrero por Alaya (686 millones de euros) y otras medidas cautelares tuvieron "un fin punitivo y estigmatizador" vinculado al "juicio paralelo".
"Si el dinero está defraudado lo está para todos, políticos y beneficiarios, y si no lo está, para nadie", ha afirmado Ávila, para quien "no existe malversación" y, si existiera, "instructora y Fiscalía hubieran incurrido en un comportamiento caprichoso y arbitrario" al no perseguir el delito en los beneficiarios.
LA SALA PIDE "NO RIDICULIZAR" EN SUS INFORMES A ACUSACIONES
En este punto, el abogado ha recordado unas recientes palabras de Alaya sobre la renuncia a la acción civil por parte de la Junta en este procedimiento, lo que para la magistrada supone "desleal con el patrimonio público andaluz" y que "la presidenta de la Junta podría haber incurrido en un delito de malversación sino reclamaba ese dinero".
Esto ha provocado que el presidente de la Sala haya cortado al abogado pues el objeto del informe es valorar la prueba y es "irrelevante" las manifestaciones públicas de Alaya para el enjuiciamiento y defensa de Guerrero. Esta reprimenda del tribunal ha sido respondida por Ávila, explicando que su objetivo es exponer "aún padecemos los errores que se arrastran desde la instrucción". "Pero sin calificativos como actuación arbitraria", ha pedido el magistrado Calle Peña.
Y es que precisamente este martes la Sala ha comenzado la sesión pidiendo a las defensas que su desacuerdo con las acusaciones "en modo alguno justifica la crítica personal y ridiculización". "El derecho de defensa se puede ejercer sin críticas desafortunadas", ha añadido.
Siguiendo con el fraude del dinero, Ávila ha recordado que la Junta, "el perjudicado civil", en un escrito de 2015 dijo que "el dinero que recibieron los prejubilados estaba bien pagado y por ello no hay malversación". Pero, advierte de que si la Fiscalía reconoce que el dinero tuvo un fin legítimo "la causa se cae en un 95 por ciento", dejando sólo el cinco por ciento referido a los intrusos.
EL PP-A "SÓLO BUSCABA ACCEDER A LA JUNTA NO RECUPERAR EL DINERO"
De otro lado, Ávila ha manifestado, con respecto a la acusación del PP-A, que ésta "no ha parado de decir por activa y por pasiva que era un escándalo el dinero defraudado, pero no ha planteado pedir el dinero a los beneficiarios", ya que, según el letrado, el PP-A "sólo buscaba forzar un cambio político en la Junta y no recuperar el dinero".
En este sentido y aludiendo al decreto de 2013 que sustituye a la Orden Ministerial de 1995 de ayudas a la prejubilación, y que según esta defensa ampara las ayudas concedidas por la Junta y enjuiciadas en este caso, Ávila ha señalado que dicho decreto fue aprobado por los exministros Fátima Báñez y Cristóbal Montoro. "Puede ser que Zoido, exministro de ese gobierno y querellante en los ERE y Antonio Sanz, querellante y exdelegado del Gobierno en Andalucía, desconocieran la normativa que aprobaba el Gobierno para dar las ayudas", se ha preguntado.
Para Ávila, con el caso ERE se creó en la sociedad "un estado de alarma" porque se habían malversado más de 850 millones, que después "habían desaparecido", algo aceptado por la sociedad "como una idea zombi", pero que ha sido refutada y que debería "estar muerta", aunque está claro que sirve "para un propósito político cuando el PP dice que es el mayor dinero defraudado, una conclusión viciada porque se ha manipulada política y mediáticamente con el eco de los medios".
"El dinero no ha sido defraudado porque lo tienen los trabajadores y la tesorería pública", ha asegurado Ávila, quien posteriormente ha desgranado los "graves errores jurídicos de la instrucción", principalmente el hecho de que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) comparara las ayudas de los ERE con la Orden Ministerial de 1994 (ayudas previas a la jubilación ordinaria), un "grave error" asumido por Alaya que "nos obliga a estar en este juicio" y que "ha arrastrado al juez instructor Álvaro Martín, a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, a la Fiscalía y al instructor del Tribunal Supremo", que asumieron "sin reserva" los informes de la IGAE.
"El objeto litigioso en esta causa es si es aplicable la Orden de 1995 a las ayudas de los ERE y habría bastado con que Alaya preguntara al Ministerio de Trabajo y no a la IGAE, cuyos peritos fueron elegidos a dedo", ha expuesto el abogado.
Por ello, "habría que preguntarse si este caso es un ilícito penal o más bien un problema político con el que el PP-A pretendía acceder a la Junta", rechazando que se tratara de un sistema opaco, pues "cualquier persona podía acceder a las ayudas", pues los conflictos laborales eran conocidos con la lecturas de los periódicos, así como las ayudas de la Junta.
Por último, ha expuesto que la juez María Núñez Bolaños, en uno de sus últimos autos, "basándose en la legalidad" comparte "plenamente" la idea que de las ayudas de los ERE eran sociolaborales en marco de la Orden Ministerial de 1995, conclusión que "habría evitado el 95 por ciento de la causa" de haberse llegado al inicio de la instrucción.
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