Efectivos del Grupo de Protección de la Naturaleza (Grupona) y del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y Unidad Canina de la Policía Local de Málaga, en colaboración con la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, han investigado un centro ecuestre que, además de caballos, albergaba perros y aves sin permiso y en condiciones higiénicas y sanitarias inadecuadas.
Durante la inspección, los policías locales comprobaron que los alrededores del recinto mostraban un entorno carente de higiene y seguridad para el esparcimiento de los animales, existiendo numerosos vertidos, escombros, muebles viejos y maleza, a lo que se añadía que la explotación no estaba aislada del exterior de forma que permitiese un control eficaz de entradas y salidas de vehículos, personas y animales.
Entre los vertidos, la gestión del estiércol no se realizaba adecuadamente, al depositarse el mismo en dos cubas de obra situadas en la zona de aparcamiento, que al parecer eran retiradas cada semana, o directamente en el suelo, sin ningún tipo de impermeabilización que evitase el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales o subterráneas.
La investigación de la Policía Local de Málaga determinó que el centro carecía de programa higiénico-sanitario visado por un veterinario, ya que este tan solo se encargaba de gestionar telemáticamente el libro de explotación, supervisando únicamente aquellos animales para los que los propietarios requerían sus servicios.
También eran los dueños los que se encargaban del cuidado y limpieza de sus animales, desconociéndose las medidas a adoptar ante eventuales enfermedades infecciosas de los mismos, así como aquellas destinadas a la limpieza general y desinfección de las instalaciones o la gestión de los animales muertos, han precisado desde la Policía Local en un comunicado.
Durante la inspección al centro, los policías locales comprobaron que no solo albergaba una explotación ecuestre, sino que también cobijaba un gran número de perros y aves sin poseer licencia para ello. Tal y como pudieron saber los agentes los propietarios pagaban 50 euros por cada caballo alojado y 30 euros por cada perro.
Los policías locales comprobaron que no se cumplían las condiciones mínimas en cuanto a ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal, comprobando que había caballos que no estaban registrados en el libro de explotación, constando uno de ellos como desaparecido, y sin que se reflejen asientos sobre animales en tránsito, al parecer debido a que el programa informático no lo permitía hasta una vez transcurrido un mes desde el traslado.
EXPLOTACIÓN AVÍCOLA
Los corrales estaban realizados con mallas metálicas, chapas viejas, maderas y otros materiales de desecho, albergando un total de más de cincuenta aves, doce de las cuales eran del tipo Gallo Combatiente Español alojadas en jaulas individuales, de lo que se informó a la Oficina Comarcal Agraria de la Junta de Andalucía.
El estado de las aves era en general bueno, pero no así de las instalaciones, que mostraban un aspecto de deterioro y falta de higiene, desinfección y desinsectación, además de ubicarse junto a materiales de desecho y chatarra que hacían peligrar la seguridad de los animales cuando salgan de las jaulas para su esparcimiento, ya que muestran elementos punzantes y oxidados, y materiales con aristas cortantes.
En lo que respecta a la explotación avícola, el propietario fue denunciado por carecer de código de identificación, registro y libro de explotación, así como por no mantener la distancia sanitaria requerida normativamente respecto a la explotación equina y la residencia canina, habiendo jaulas con gallinas junto a las perreras y las cuadras sin ningún tipo de aislamiento respecto a las mismas.
Tampoco poseía programa higiénico-sanitario visado por veterinario, careciendo igualmente de sistema de desagüe y gestión de excrementos sólidos y líquidos, encontrándose los gallineros dispuestos directamente en el suelo, sin impermeabilización alguna que impida su filtración.
RESIDENCIA CANINA SIN PERMISO
Las instalaciones donde se encontraban alojados los perros tampoco reunían las condiciones adecuadas, observándose suciedad en suelos y paredes, tratándose de una nave cerrada que carecía de ventilación e iluminación suficientes y con el suelo deteriorado, lo que hacía que la suciedad quedase estancada y provocase un fuerte olor a heces, siendo una zona apta para la propagación de plagas en la que no existen desagües ni canalización para una adecuada limpieza y evacuación de residuos.
Además, tampoco reunía las condiciones adecuadas de seguridad, encontrándose la nave cerrada con un portón metálico y las perreras cerradas con cadenas y candados, sin que ningún responsable de las instalaciones tuviese copia de las llaves, lo que hacía que los animales se encontrasen desamparados y abandonados a su suerte ante cualquier caso de accidente, incendio u otro tipo de emergencias.
Tampoco existe zona de aislamiento en caso de enfermedad contagiosa que pueda presentar alguno de los animales alojados, ni constancia de que sobre dichas instalaciones exista supervisión veterinaria, encargándose cada propietario de la asistencia de sus perros así como del mantenimiento de las perreras. Por ello, nunca se lleva a cabo una adecuada desinfección del total de las instalaciones, ni existe un control de las condiciones higiénico sanitarias, alimentación y bienestar de los animales.
Los policías locales comprobaron como uno de los perros, que sería retirado por personal del Centro Zoosanitario Municipal, no presentaba buen aspecto higiénico sanitario posiblemente debido a que padecía algún tipo de enfermedad del tipo leishmaniosis, ya que se le observaban lesiones compatibles con dicha enfermedad y delgadez extrema, no recibiendo, al parecer, tratamiento médico alguno por ello ni ningún tipo de separación o aislamiento.
Los policías locales pudieron comprobar cómo algunas perreras se encontraban faltas de higiene y llenas de excrementos, careciendo algunos de los perros de agua y comida en ese momento.
Las evidencias indicaban que se trata de un establecimiento destinado a alquiler de perreras o residencia canina para la que se carecía tanto de núcleo zoológico como de licencia de apertura, además de no poseer un libro de registro con datos de los propietarios y animales alojados, ni documentación de los mismos, interviniéndose durante la inspección un total de 18 canes por carecer de identificación, de los que en nueve casos se trataba de perros potencialmente peligrosos, careciendo el centro de la preceptiva autorización municipal necesaria para albergar este tipo de canes.
A través del Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), se comprobó que algunos de los perros carecían de vacunación obligatoria y otros se encontraban sin registrar; estando asimismo a la espera de la valoración facultativa del veterinario municipal de aquellos que mostraban lesiones y enfermedad aparentes y fueron retirados por tales motivos.
Durante la intervención se personó uno de los propietarios, que tenía varios galgos alojados, siendo denunciado en acta por no tenerlos identificados y por no haberles practicado las vacunas obligatorias, así como en boletín de denuncia por infracciones leves a las ordenanzas municipales por mantener uno de ellos permanentemente atado.
Finalmente, los agentes emitieron el correspondiente informe de todo lo actuado a las administraciones competentes por si procediera tomar alguna de las medidas provisionales recogidas en el artículo 43 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales, a fin de preservar la salud y bienestar de los animales albergados en las instalaciones del centro.
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