El Pleno municipal convocado hoy para la aprobación definitiva del proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2019 se verá condicionado por el informe previo de la Intervención, que prácticamente tumba la mayor parte de las 25 enmiendas que salvaron el trámite de la Comisión de Hacienda de las 91 presentadas, y entre ellas la medida estrella de Izquierda Unida de aplicar generosas bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los polígonos industriales.
Todos los grupos políticos, salvo el PSOE, apoyaron en la Comisión una enmienda presentada por IU en la que se pedía la bonificación del 90% en el IBI a los inmuebles dedicados a negocios en los polígonos industriales de la ciudad en los que se hayan implantado entidades urbanísticas de conservación. Actualmente son cuatro: Calonge, Cartuja, Higuerón Sur y Palmas Altas.
Según la propuesta de IU, la concesión de la bonificación se supeditaba a un volumen de negocio inferior al millón de euros y tenía por objetivo impulsar la actividad económica en los polígonos y la creación de empleo. Pese al masivo apoyo del resto de la oposición, el gobierno local no la vio con buenos ojos al estimar que tendría un impacto de entre 7 y 8 millones para las arcas municipales.
Dictamen negativo
Sin embargo, la Intervención municipal ha dictaminado negativamente sobre la propuesta de IU. Afirma que aunque se propone como modificación de la Ordenanza carece de memoria justificativa que indique el apartado al que se acoge, el cual podría ser el bien de fomento del empleo o el de fomento de la actividad económica.
En cualquier caso, dice el dictamen, “se trata de una bonificación potestativa desconociendo el apartado del artículo 74 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el que tiene su apoyo legal, aunque analizada la redacción no es encuadrable ni en el artículo 1º ni en el 2º, ya que de acuerdo con la redacción propuesta no se hace referencia a los bienes inmuebles que cumplan los requisitos en ellos establecidos, añadiendo condiciones en la bonificación de orden subjetivo que la dicción legal no contempla para los apartados a los que se ha hecho referencia. En consecuencia no puede considerarse ajustada a la normativa vigente”.
¿Qué puede ocurrir ahora? En la Comisión de Hacienda de la semana pasada se acordó que cada grupo decidiría si mantenía o no sus enmiendas en función del informe de la Intervención y que en todo caso se votaría libremente, pero luego de nuevo la Intervención, más la Secretaría General, verificarán qué es ejecutable y qué no a la luz de la legalidad. Por tanto, aunque hoy toda la oposición respaldara de nuevo la enmienda de IU, otra vez tendría que superar el visto bueno del interventor y del secretario, algo improbable a la luz de este dictamen previo.
La Intervención también ha informado negativamente sobre la mayoría de las enmiendas de la oposición, entre ellas las de mayor repercusión económica, como las del PP relativa a personas en situación económica difícil y para las que pedía una bonificación del 20% en la expedición de documentos urbanísticos, servicios del cementerio y tasa por recogida domiciliaria de basuras.
Otras bonificaciones
En cuanto a la enmienda de Participa para la extensión de los beneficios fiscales contemplados para las familias numerosas a las familias monoparentales/monomarenta-les, Intervención afirma que su aplicación no puede valorarse desde un punto de vista material y que debe circunscribirse a las condiciones establecidas en la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Tampoco ha informado favorablemente a una enmienda de Ciudadanos para que no se contemplen los ingresos de la ayuda a la dependencia a la hora del pago del IBI y otra de Participa Sevilla en relación con la exención de los precios públicos relacionados con la protección animal en los casos de personas con disminución visual propietarias o poseedoras de un perro-guía.
Igualmente, rechaza una reducción del 50% en determinados precios públicos en el Zoosanitario (IU); bonificaciones a los puestos en los mercados (PP); recargos sobre la tasa por uso privativo del dominio público (IU, y elevar la bonificación por domiciliación bancaria de los recibos del 1% actual al 5% (IU).
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