Según informaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, la declaración de este particular hoy ha llevado al juez a prever la práctica de nuevas diligencias en la presente fase de instrucción, como la citación de un testigo y la petición al Ayuntamiento de Baena del expediente completo sobre la obra en relación a la que, supuestamente, se produjo la estafa.
Esto ocurre después de que el juzgado baenense admitió a trámite la citada querella e imputó a Arenas, el cual ya prestó declaración por ello el pasado junio, asegurando que la acusación que había hecho dicho particular contra él es "falsa" y responde a "un montaje urdido por el Ayuntamiento" baenense, que gobierna el PSOE.
Arenas afirmó entonces que, de hecho, al particular que se ha querellado contra él "hasta le prestan los abogados que el Ayuntamiento tiene contratados para llevar los casos de las facturas falsas y del urbanismo".
Precisamente, fue Arenas, junto con su mujer y concejala de IU, María Jesús Muñoz, y un ex vigilante municipal de obras, quienes, con sus denuncias, dieron origen en 2007 al caso del urbanismo de Baena, que el Juzgado de Baena ha archivado, aunque la acusación particular, que ejercen Arenas y Muñoz, ha recurrido dicho archivo. En este procedimiento estaban imputados cuatro ex concejales del PSOE, un edil socialista, una funcionaria municipal de Urbanismo, ya fallecida, y los dueños de varias supuestas construcciones ilegales, entre ellos quien luego se querelló por estafa contra Arenas.
LA QUERELLA
En dicha querella de este propietario contra Arenas, a la que tuvo acceso Europa Press, se detalla que el Ayuntamiento, ya gobernado por el PSOE, le paralizó hace siete años las obras de una casa que construía sin licencia en una parcela no urbanizable.
Fue entonces, en octubre de 2002, cuando Arenas le avisó que el Consistorio iba a sancionarle por dicha obra ilegal, suponiendo el ahora querellante que el ex alcalde, que ejercía entonces su profesión de ingeniero industrial, sabía eso porque su mujer y ahora edil de IU, María Jesús Muñoz, era entonces funcionaria municipal adscrita a Urbanismo.
Arenas, según el denunciante, le ofreció como solución redactarle un proyecto de construcción de edificación rural para usos agrícolas, con la promesa de que eso le permitiría obtener la preceptiva licencia de obras y legalizar lo construido. Es decir, el ex alcalde le hizo tal oferta, "dada su capacitación técnico-profesional y experiencia, a sabiendas de que en la parcela afectada no era posible realizar una actuación urbanística alguna".
Por ese proyecto el propietario de la parcela pagó a Arenas unas 270.000 pesetas, pero no sólo no consiguió la licencia de obras, sino que en 2005, finalmente, el Ayuntamiento le impuso una sanción de 11.812 euros, "por la ejecución de construcción de tipo residencial en suelo no urbanizable y no legalizable".
El afectado se resignó entonces a la pérdida del dinero que ya entregó a Arenas por el proyecto, "aún cuando no consiguió con su pago el fin que pretendía", pero "recientemente fue abordado" por el ex alcalde en un supermercado de Baena, "requiriéndole unas 50.000 pesetas" que, según Arenas, aún le debía "del fallido proyecto". Ello llevó al propietario a presentar la querella por estafa contra Arenas, "para no dejar impune el engaño sufrido" e intentar recuperar el dinero que le abonó.
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