La Fiscalía Anticorrución, en la lectura de sus conclusiones en el juicio por la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha mantenido su acusación para el expresidente de la Junta José Antonio Griñán como presunto autor de un delito de prevaricación y malversación y para el que pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación; y para el también expresidente Manuel Chaves, para quien solicita diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.
Por su parte, ha excluido al ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, al que acusaba por un presunto delito de prevaricación y se enfrentaba a una petición de condena de diez años de inhabilitación. Igualmente, los fiscales anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández han modificado su petición de condena para el ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina de ocho a seis años de prisión y 30 años de inhabilitación como presuntos autores de un delito de malversación y prevaricación.
Tras casi dos horas y media de lectura del escrito de conclusiones, la Fiscalía ha mantenido sus acusaciones y sus peticiones de condena para el resto de los ex altos cargos acusados por el procedimiento específico de concesión y pago de las ayudas sociolaborales a trabajadores y de ayudas a empresa en crisis entre los años 2001 y 2010.
En concreto, solicita una pena de diez años de inhabilitación, además de a Chaves, para el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, el exviceconsejero y exconsejero de Hacienda José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.
Pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación, como en el caso de Griñán, Lourdes Medina y Jacinto Cañete, para la exviceconsejera y exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez por un delito de prevaricación y otro de malversación.
La Fiscalía acusa de presuntos delitos de malversación y prevaricación, pidiendo para ellos ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación, a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, los ex secretarios generales técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado, y el también ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar.
La sesión de este lunes, que ha comenzado con algo de retraso al verse envuelto uno de los acusados, en concreto el ex secretario general de Trabajo Juan Márquez, en un atasco de tráfico, ha dado inicio a la fase final del juicio, en la que las partes darán lectura de sus conclusiones e informes finales.
Esto supone que los acusados han vuelto a la Audiencia para estar presentes desde este lunes hasta el final de juicio, que el presidente de la Sala, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, espera que sea a final del mes de noviembre. Así, por ejemplo el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrrías ha sido uno de los primeros en llegar a los juzgados, a las 9,15, mientras Manuel Chaves ha sido el último, acompañado de su abogado, a las 9,50 horas.
Tras la lectura de las conclusiones de la Fiscalía, le toca el turno a la acusación particular que ejercer el PP-A.
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