Tanto el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, y el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, han asegurado que se reforzará la presencia policial para evitar que en las fiestas se repitan altercados como los de Pozuelo, que acabaron con veinte jóvenes detenidos y diez policías heridos.
Por su parte, el alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado, ha anunciado que prohibirá el "botellón" en las fiestas de la localidad y que el Ayuntamiento se personará como acusación en el proceso judicial derivado de los altercados.
Aguado ha adelantado que propondrá a la Federación Madrileña de Municipios (FMM) que todas las localidades determinen un marco común que regule el "botellón" en las fiestas.
El ministro Rubalcaba ha anunciado que se reforzarán las medidas policiales para que los actos vandálicos de Pozuelo "no se vuelvan a repetir", y ha confiado en que el juez encargado del caso "castigue a quienes han cometido un acto que es puro vandalismo".
Ha insistido en que la Justicia debe emitir castigos tanto en el aspecto de las penas individuales como procurando que la responsabilidad civil de los daños "se pague".
En la misma línea se han pronunciado Granados y Valcarce, que ayer mantuvieron su primera reunión oficial desde que la delegada del Gobierno tomara posesión del cargo el pasado mes de abril.
Valcarce ha detallado que se reforzará la presencia policial, que ya se incrementó por la tradicional campaña de verano, tanto en las fiestas de Pozuelo, que no acaban hasta el día 12, como del resto de municipios madrileños.
Tras el verano, la Delegación de Gobierno en Madrid convocará una comisión con la FMM para analizar si la ley que regula el denominado "botellón" es suficiente y elaborar planes locales y autonómicos que ofrezcan una alternativa diferente de ocio a los jóvenes.
Valcarce y Granados han insistido en que altercados como los registrados en Pozuelo no se pueden volver a repetir y han asegurado que sus responsables no quedarán impunes, ya que si son menores tendrán que responder sus padres.
De hecho, la Delegación ha abierto un expediente administrativo para que se depuren las responsabilidades de este tipo, además de las que se determinen judicialmente.
La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana prevé multas de entre 300 y 30.000 euros para las personas que comentan actos vandálicos.
Por su parte, la presidenta Esperanza Aguirre ha deplorado la imagen de impunidad que se ha transmitido tras los sucesos de Pozuelo y ha manifestado su confianza en que los jueces "tomen las medidas oportunas" para castigar a los responsables.
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, ha abogado hoy por "no criminalizar" a los jóvenes, ni a los padres, ni al Ayuntamiento de Pozuelo, mientras que el portavoz del grupo popular, David Pérez, ha dicho que los sucesos del pasado domingo "deberían avergonzar a esos jóvenes y a sus familias", y ha rechazado la "permisividad" con ellos.
La portavoz de IU, Inés Sabanés, ha recordado que faltan recursos para aplicar la 'ley antibotellón' y ha reclamado "diálogo e interlocución con los jóvenes".
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