La audiencia judicial para dirimir si Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori y principal líder opositora, pasa a prisión preventiva por un presunto delito de activos fue suspendida tras más de trece horas de alegatos entre la Fiscalía y la defensa.
La vista será reanudada este jueves a las 10:30 hora local (15:30 GMT) para continuar discutiendo la idoneidad del ingreso en prisión de la presidenta del partido fujimorista Fuerza Popular mientras continúan las investigaciones sobre la financiación irregular de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011.
En la sesión de hoy, celebrada en la Sala Penal Nacional a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, la discusión la ocupó íntegramente los cargos contra Fujimori.
El juez no entró a tratar sobre las otras diez personas del círculo cercano de Keiko para las que el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez también pide 36 meses de prisión preventiva.
El fiscal Pérez, quien dirige la investigación, se centró en intentar demostrar la financiación irregular que Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) llevó en la campaña de Keiko Fujimori para las elecciones presidenciales de 2011.
En su alocución, el fiscal enumeró los indicios que apuntan a que Fuerza Popular presuntamente ocultó grandes cantidades de dinero con una contabilidad ficticia en la que tomaron nombres de personas particulares para simular múltiples donaciones.
Como parte de ese dinero ocultado puede estar el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber pagado a la campaña de Fujimori en sendas partidas de 500.000 dólares que tuvieron como receptores a los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, incluidos en la petición de prisión preventiva.
Durante más de seis horas de exposición, el fiscal se centró también en demostrar que los once requeridos para entrar a prisión preventiva formaban parte de una organización criminal al supuestamente actuar en contubernio y liderados por Keiko Fujimori.
Incidió en demostrar que el empresario Vicente Silva Checa asesora "en la sombra" a Keiko Fujimori a pesar de haber sido condenado anteriormente por ser uno de los operados de Vladimiro Montesinos, cabecilla de la gigantesca red de corrupción que capturó el aparato estatal durante el régimen de Alberto Fujimori.
Destacó los informes hallados a Silva Checa en los que este aconseja a Fuerza Popular trabar las investigaciones e intentar que algún tribunal las anule.
El fiscal también desveló que el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, pagó 210.000 dólares en efectivo a un medio de comunicación para comprar publicidad electoral, sin especificar el origen de ese dinero.
Aunque Chlimper negó la imputación, Keiko Fujimori anunció horas después en redes sociales la dimisión del número 2 de Fuerza Popular.
Por su parte, la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, dijo que la exposición del fiscal no tuvo ningún elemento de convicción que acredite que su patrocinada sea privada de libertad por tres años.
También advirtió que el fiscal Pérez supuestamente vulneró el secreto de cliente al mostrar en la audiencia documentos de los abogados.
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