La mujer asesinada ayer en su domicilio del barrio sevillano de Los Pajaritos en presencia de uno de sus hijos denunció hace dos años al hombre detenido por el crimen, denunciado también por otras cinco mujeres, pero desistió de continuar adelante con el procedimiento judicial contra él.
La víctima, llamada Fátima, de 36 años y nacionalidad marroquí, tenía dos hijos menores de 13 y 9 años de una pareja anterior a la que también denunció por malos tratos y que se encuentra en prisión desde 2016.
Los niños se encuentran acogidos con una familia de urgencia amiga de Fátima, que no tenía parientes directos en España según confirmaron a Efe desde la Consejería de Justicia.
La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, ha subrayado que los niños están siendo atendidos por el Servicio de Atención a hijos de víctimas de la violencia de género y ha calificado al detenido como un "asesino y un maltratador habitual" a tenor de las denuncias que atesoraba de cinco mujeres, sobre una de las cuales residente en Córdoba tenía una orden de alejamiento.
En el caso de Fátima, ha lamentado que como muchas otras víctimas de malos tratos acabara desistiendo de continuar la denuncia contra su agresor, que pasará a disposición judicial el viernes como presunto autor del crimen según informaron fuentes policiales.
La víctima no tenía ninguna medida de protección respecto al detenido, con el que mantenía una relación intermitente.
En este sentido, Aguilar ha subrayado que la reforma de la Ley andaluza contra la violencia de género aprobada este año recoge que la Junta, a través del Servicio de Atención a las Víctimas (SAVA), mangenga el "acompañamiento y seguimiento" a las mujeres que retiren la denuncia y desistan de continuar el procedimiento "por miedo, porque creen que todo va a volver a la normalidad y porque ellos también juegan su papel".
La consejera ha destacado que ese acompañamiento a las mujeres que retiran la denuncia fue introducido en la ley tras comprobar que existían casos de mujeres asesinadas que habían denunciado pero no habían continuado con el procedimiento, y el objetivo es permitir que los profesionales del SAVA puedan detectar situaciones para que lo denuncien a la Fiscalía o los juzgados así como que la mujer se sienta acompañada para retomar el proceso.
Junto a ello, Aguilar ha defendido la importancia de modificaciones legales previstas en el Pacto de Estado contra la violencia de género como la reforma del Código Penal para que el proceso pueda continuar sin que la víctima tenga que declarar en el juicio, ya que este es un momento en el que muchas suelen echarse atrás y desistir del procedimiento contra el maltratador.
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