El Gobierno está buscando fórmulas jurídicas para recurrir la resolución aprobada por el Parlament en la que se reprueba al Rey y se cuestiona la monarquía, a pesar de ser consciente de que es un texto cuyo valor es político y no jurídico, y es probable que la vía sea un recurso ante el Tribunal Constitucional.
En conversación informal con los periodistas durante la recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta, Carmen Calvo, han señalado que se trata de una declaración política. Es más, Sánchez opina que el independentismo catalán está ahora más en hacer declaraciones que en incurrir en ilegalidades.
Con todo, Calvo ha dejado claro que el Gobierno ha querido ser contundente en su reacción y eso explica el comunicado con el que el Ejecutivo emitió el mismo jueves, considerando inadmisible la resolución y hablando de vías legales. La vicepresidenta ha puesto como ejemplo el recurso ante el TC que el Gobierno presentó en julio contra la moción del Parlament que apostaba por recuperar la declaración de soberanía.
Calvo tiene claro que la resolución del Parlament, que salió adelante con los votos de los comuns, JxCat y ERC --69 votos--, la abstención de la CUP --4-- y el rechazo de PP, PSC y Cs -57--, no es sostenible desde el punto de vista jurídico porque un Parlamento regional no puede cuestionar uno de los pilares de la democracia española como es la forma del Estado, pero su mensaje tiene gravedad política.
Además, ha subrayado que la intención del Gobierno de normalizar la relación política con Cataluña no le hará perder de vista que no puede hacerse nada fuera del marco de la legalidad. También ha recordado que el Gobierno recurrió por la vía contencioso-administrativa la reapertura de las llamadas 'embajadas' catalanas.
Eso sí, cree que los partidos independentistas están asumiendo que hay límites que no se pueden traspasar y que así lo ha demostrado esta semana el presidente del Parlament, Roger Torrent.
Además, ha insistido en que el Gobierno no quiere entrar a "enredar" en la política autonómica catalana, sino trasladar permanentemente que para gobernar hay que hacerlo en el marco de la ley y, además, hacer lo que, a su juicio, no hizo el Gobierno de Mariano Rajoy: asegurar la presencia y la cooperación por el bien de los catalanes. De hecho, ha asegurado que los empresarios que asistieron el miércoles a los premios Pimec le agradecieron su asistencia y sus palabras.
Calvo ha negado que haya hablado de revertir el decreto de Gobierno de Rajoy que facilitó el cambio de sede social de empresas catalanas, y ha dicho que en lo que sí está empeñado el Gobierno es en dar señales constantes de estabilidad, que es lo que necesitan las empresas, para impulsar la economía catalana -que a su vez puede ser una locomotora de la española--.
Tanto Sánchez como Calvo han reconocido que la situación de Cataluña no se resolverá de la noche a la mañana y Sánchez ha hablado de tres fases: primero, normalizar; segundo, encontrar una solución política y, tercero, que los catalanes voten; pero no sobre autodeterminación, que es un concepto que divide, sino sobre autogobierno.
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