El desahucio de una familia de su vivienda de la calle Argumosa, 11, en el barrio de Lavapiés, que estaba programado para la mañana de este viernes, ha sido suspendido de manera indefinida tras recibir el juzgado una resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas exigió en la tarde de este jueves la paralización del desahucio de esta vivienda situada en Lavapiés previsto para este viernes a las 9.30 horas de manera "indefinida" y hasta que la Administración Pública "no garantice una alternativa habitacional", según ha explicado la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de la familia, Alejandra Jacinto.
En la tarde de este jueves la PAH remitió ese escrito al Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid. A las 9.37 horas de este viernes el juzgado ha ordenado la paralización sin fecha del desahucio ante esta resolución, según la abogada. A esa hora había un fuerte despliegue policial entorno a la vivienda, la comisión judicial (que están reunida con los propietarios del edificio en una inmobiliaria cercana), decenas de personas para parar el desahucio y el Samur Social.
Se trata del tercer desahucio al que se enfrenta esta familia compuesta por Pepi Santiago, una mujer viuda de 65 años, y sus dos hijas de 27 y 28 años. Estas llevan viviendo de alquiler en el cuarto piso de este edificio desde hace más de 20 años. Durante este verano se han producido dos intentos de desahucios que se han aplazado al no tener alternativa habitacional.
Decenas de personas han pasado la noche en tiendas de campaña en la puerta del edificio para tratar de parar el desahucio. Del mismo modo, se han acercado hasta el lugar ediles del Ayuntamiento de Madrid como Rita Maestre, Jorge García Castaño y Rommy Arce, además de algunos miembros de Podemos del Congreso de los Diputados.
Entorno a las 6 horas, la Policía Nacional ha montado un cordón policial en los alrededores del edificio que sobre las 8.40 horas ha sido retirado por orden de la Delegación del Gobierno, según miembros de la PAH.
Parte del bloque fue adquirido por la empresa Inversión en Proindivisos S.L., que según Pepi, la única intención que tienen es "especular y hacer pisos de alquiler vacacional". La vecina explica que la empresa propietaria le puso muchos problemas para pagar el alquiler como cambiar la cuenta donde debían ingresarlo sin avisar.
La vecina de este piso se ha mostrado emocionada y muy agradecida con todas las personas que se han acercado a apoyarla. Pepi ya tenía casi todas sus cosas empaquetadas a espera de que fuese desalojada.
Para la abogada "la pelota está en el tejado de la administración pública". "La administración tiene que garantizar el derecho a la vivienda y tendrá que ser la Comunidad de Madrid a través de la Agencia de la Verdad Social, que de manera sistemática rechaza las solicitudes de vivienda a pesar de tener más de 500 vacías, o la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid", ha expresado.
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