La Junta de Andalucía debería haber reintegrado, cuando termine este año 2018, la mitad de los 36,1 millones de euros del préstamo que le concedió el Ministerio de Ciencia e Innovación para reflotar Santana Motor.
El convenio firmado el 10 de octubre de 2008 entre la entonces ministra, Cristina Garmendia, y el entonces consejero, Francisco Vallejo, para la "creación de capacidades en materia de diseño y desarrollo tecnológico y de procesos de industrialización de vehículos todo terreno" fijaba unas condiciones muy ventajosas, como un interés del 0% y una carencia de 5 años, de tal forma que aquel crédito no tenía que empezar a devolverse hasta 2014.
Pero el documento dejaba claro que a partir de esa fecha y hasta el año 2023 la Junta estaba obligada a abonar "una cuota de amortización anual de 3.610.504,40 euros". En 5 años, 18.052.522 euros.
Cierre de Santana Motor
El consejo de administración y la junta general de accionistas de Santana Motor, propiedad entonces de la Junta de Andalucía, decidieron en 2011 que los esfuerzos para reflotar la fábrica linarense habían sido vanos y que sólo cabía disolver la sociedad y proceder a su liquidación.
El crédito que concedió el Ministerio, en este sentido, no sirvió para evitar el cierre de la planta. Aún no había llegado la fecha de empezar a devolverlo. La Consejería había firmado otro convenio, en este caso con la Agencia IDEA, para gestionar aquel crédito. Ese segundo convenio, algunas de cuyas cláusulas fueron modificadas por alguien tras ser fiscalizado por la Intervención General y haber recibido la autorización del Consejo de Gobierno, convirtió aquel crédito en una ayuda a fondo perdido.
La Intervención lo detectó al cabo de los años y ordenó en 2014 devolver el convenio a los términos en que había sido autorizado. Pero la Agencia IDEA ya había librado el dinero a las empresas del grupo Santana Motor. Tras el informe de actuación de la Intervención, la Agencia IDEA comenzó a abonar a la Consejería las cuotas correspondientes, pero no reclamó a las empresas receptoras del dinero su devolución.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga si se produjo menoscabo de fondos en esta operación. Al margen de la mencionada manipulación del convenio, la Agencia IDEA había transformado el crédito reembolsable en participativo, después de que la empresa solicitara su disolución, lo que es un sinsentido desde el punto de vista financiero, pues hacía prácticamente incobrable el crédito.
Obligaciones adquiridas
Pero esa operación, en la que se pudo haber perdido dinero, según los investigadores, no altera, en cualquier caso, la obligación adquirida por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en 2008 de devolver el dinero prestado por el Ministerio.
La comisión de seguimiento que debía vigilar que el dinero se utilizara para el fin previsto y que se devolviera en tiempo y forma estaría constituida, según se reflejaba en el convenio (cláusula Quinta) por cinco miembros: dos de la Consejería, dos del Ministerio y un representante de la Delegación del Gobierno en Andalucía.
La comisión estaría presidida por uno de los representantes del Ministerio, dirigido sucesivamente por Cristina Garmendia (PSOE), Luis de Guindos (PP) y Pedro Duque (PSOE) y estaba obligada a reunirse "al menos una vez al año en sesión ordinaria y cuantas veces lo solicite alguna de las partes".
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