La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, defendió ayer un modelo de prisión en el que prime la tolerancia y la convivencia. Lo hizo en el acto central de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, donde Madueño valoró la actividad formativa y la atención asistencial que se ofrece en la prisión como ejes que hacen posible que la población reclusa se integre en la sociedad y se reduzcan los índices de reincidencia. “Me gustó escuchar que la prisión es un barrio de la ciudad con unas 1.100 personas. Hay que procurar que el interno tenga acceso a las mismas actividades que se pueden desarrollar fuera, siempre que resulten compatibles con su situación y puedan desterrar la ociosidad”, señaló la subdelegada en un acto al que asistió la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo.
Otro objetivo de los directivos de la prisión provincial es incrementar el trabajo productivo en la prisión, mediante convenio con instituciones y empresarios. En la actualidad unos 140 internos reciben alguna retribución por el trabajo que realizan, como en los talleres de confección industrial, que facilitan ropa a otros centros penitenciarios, así como en el taller especializado en elaborar piezas para la industria del automóvil.
Mientras tanto, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) no participó ayer en los actos de la patrona de Instituciones Penitenciarias tras recordar que la plantilla de funcionarios en la cárcel de Jaén cuenta con 20 vacantes sin cubrir. “No hay nada que celebrar ante la situación actual que sufre el colectivo penitenciario”, señaló el sindicato en un comunicado. “En el centro penitenciario de Jaén se cuenta con 20 funcionarios menos en la plantilla y aumentando las vacantes al pasar funcionarios a segunda actividad”, se indicó desde Acaip. Además, aludieron al “grave envejecimiento” de las plantillas con una oferta publica de empleo “claramente insuficiente”, punto en el que pusieron como ejemplo que la edad media de los funcionarios en la cárcel jienense “se sitúa cerca de los 51 años de edad”. También pusieron de relieve la “nula promoción interna ni carrera profesional” así como la “pérdida” de derechos laborales y de salud laboral con más de 500 agresiones por los internos a nivel nacional, donde la situación “se vuelve insostenible”.
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