El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una actuación de oficio para conocer las medidas de protección para la integridad de derechos de las temporeras agrícolas en Huelva tras las denuncias por presuntos abusos sexuales y temporales en la última campaña.
La queja, según el escrito de apertura, al que ha tenido acceso Efe, va dirigida al Foro Provincial para la Inmigración de Huelva (Delegación de Gobierno), la Dirección General de Coordinación de Política Migratoria y la Fiscalía Provincial a fin de clarificar la situación descrita y dimensionar su efectiva entidad solicitando las colaboraciones necesarias.
Igualmente, se dirige a la Subdelegación de Gobierno en Huelva a fin de recabar su colaboración en relación con los trabajos de elaboración de los programas que regulen la próxima campaña relacionada con la fresa y productos análogos.
Explica Maeztu que el origen de su actuación en los casos de maltrato físico o abusos contra trabajadoras agrícolas producidos en los escenarios de trabajo en las fincas, en las zonas de acceso o en las instalaciones de alojamiento que ocupan estas mujeres durante sus contratos, conocidos y denunciados recientemente.
La Defensoría pretende conocer, con el imprescindible rigor, el tratamiento que se viene siguiendo ante estas publicitadas denuncias y la tutela judicial efectiva que hubieran merecido, gracias a la colaboración que habitualmente presta la Fiscalía provincial de Huelva a esta Institución.
A la vez, y más allá de estas circunstancias de ámbito judicial, hay un escenario más amplio que afecta a las condiciones de trabajo de este amplio colectivo de empleo, fuertemente feminizado y con importante presencia de mujeres extranjeras.
La importancia estratégica para un sector productivo tan importante para Huelva, como es el de cultivo de la fresa y otros frutos, ha propiciado durante décadas unos procesos de ordenación de estos flujos de mano de obra a través de la organización de contingentes y métodos de contratación en origen, sobre todo en Marruecos y países del Este europeo.
Estos procesos implican actividades muy consolidadas que facilitan todos los aspectos organizativos para la selección, traslado, estancia y retorno de estos colectivos que.
A pesar de toda la experiencia avanzada, y de la aplicación de sistemas regulatorios de estas campañas, las condiciones de trabajo son difíciles y exigentes, donde sus trabajadoras pueden convertirse en objetivo de situaciones de presión o de amenazas en muy diversos aspectos, ha indicado Maeztu.
Por último, entiende que la tutela de las administraciones laborales supervisoras, el ejercicio de la acción sindical y la misma actitud de las trabajadoras en defensa de sus intereses deben constituir una red de protección y garantías para el respeto a sus derechos y el eficaz funcionamiento del sistema productivo en los campos de Huelva.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
