Los nueve peritos, tres de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y seis de parte propuestos por las defensas de cinco de los 22 ex altos cargos de la Junta acusados en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, encaran la tercera semana de prueba pericial conjunta respondiendo aún a las preguntas de los representantes del Ministerio Fiscal.
La prueba pericial comenzó el pasado 11 de septiembre y ya se ha desarrollado durante siete sesiones de juicio, cuyo número asciende ya a 103. Si bien y según apuntan algunas fuentes a Europa Press, los fiscales anticorrupción previsiblemente también ocuparán las cuatro sesiones de esta semana que entra.
Durante las sesiones desarrolladas esta semana se han vuelto a debatir y rebatir argumentos y tesis sobre las transferencias de financiación y su uso, los controles de las ayudas por la intervención, las competencias de la Consejería de Hacienda y otros conceptos. Largos debates entre peritos que incluso han provocado en alguna sesión que la primera pregunta del fiscal no se hiciese hasta las 13,45 horas.
PROTESTA DE LAS DEFENSAS POR UNA PERICIAL DE LA "ACUSACIÓN"
Si bien la semana ha estado marcada por el hecho de que media docena de abogados de los acusados elevaron el pasado martes protesta al tribunal por la intervención realizada por Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la IGAE, pues "excede de una pericial para convertirse en casi en un informe de parte, de parte de la acusación".
La protesta fue expuesta por Pedro Apalategui, abogado del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, y a la misma se han adhirieron los letrados del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, del exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro, del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román y el letrado del ex secretario general técnico de Empleo Javier Aguado.
Tras una larga intervención de Turrión sobre las transferencias de financiación y su finalidad, y la "fraudulenta" elaboración del proyecto de presupuestos por la que se "indujo a error" al Parlamento, Apalategui pidió la palabra para elevar protesta a la Sala de la Sección Primera de la Audiencia, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle Peña.
"¿QUIÉN MÁS LO TIENE QUE DECIR?"
"¿Quién más lo tiene que decir, qué es lo que no se entiende de que las transferencias de financiación tiene que ir a cubrir pérdidas de un ente público, en que artículo o Ley dice lo contrario?", cuestionó Turrión en el intenso debate sobre las transferencias, que una vez más se generó.
Tras esta intervención del jefe del equipo de la IGAE, Juan Zornoza, perito propuesto junto a Miguel Ángel Martínez Lagos por la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, expresó que "ya pueden citar --en referencia a la IGAE-- tres millones más de disposiciones que es la Ley de Presupuestos quien fija el destino de los créditos y por tanto de las transferencias".
"NI AGILIDAD NI FISCALIZACIÓN"
Durante otra sesión, Turrión lanzó unas preguntas: "¿Por qué se encomendó a IFA/IDEA el pago? ¿Era tan difícil pagar en la Consejería? La respuesta que hay en todos los expedientes de subvenciones es la agilidad en el pago pero es al contrario", precisando que "si la Consejería hubiese pagado era más sencillo, fácil y rápido".
"¿Por qué no se hizo? No lo puedo saber pero la primera consecuencia del uso de las transferencias de financiación a IFA fue la ausencia de fiscalización previa", ha explicado, añadiendo que con el sistema usado "no se ganó agilidad ni se permitió la fiscalización del interventor". Entonces, "¿para qué se hizo?", se ha preguntado, afirmando que "lo tendría que decir quién lo creó".
"NO POR REPETIR MÁS LAS COSAS SE ES MÁS INDEPENDIENTE"
Tras otra larga intervención de Turrión en la sesión del martes por la tarde, Juan Ramallo señaló que ellos --peritos de la IGAE-- son "independientes" pero "los únicos independientes son los miembros del tribunal", porque "todos somos peritos de parte. No podemos darle más veracidad ni independencia porque hablen más tiempo ni repitan más las cosas".
Turrión, ante estas palabras, dijo no entender "por qué se pone en duda su independencia", ya que fueron propuestos por la IGAE a solicitud del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Otro de los debates generados ha sido el de la obligación o no del Gabinete Jurídico de la Junta de haber informado el convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA por el que la Dirección General de Trabajo allegaría fondos del programa presupuestario 31L a IFA/IDEA, para que este ente público materializara el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General, y sobre los convenios particulares o específicos.
Para la IGAE el Gabinete Jurídico tiene la "obligación" de informar de "todos y cada uno" de los convenios con empresas públicas. Por su parte, el perito José Ignacio López, propuesto por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, señaló que el convenio marco y los convenios particulares, herramientas para encomendar una gestión, no son convenios administrativos, que son los sobre los que es obligatorio informar, según el reglamento regulador del Gabinete Jurídico.
PIDE AL FISCAL QUE "PREGUNTE CON TODA LA VERDAD"
En esta línea se pronunció Juan Antonio Carrillo, perito de parte propuesto por la defensa de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo. Precisamente tras esta intervención y al querer aclarar una respuesta suya anterior, Carrillo reprochó al representante del Ministerio Público que le pregunte "con toda la verdad". En este momento, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, pidió al perito que se dirija al fiscal con respeto.
Carrillo pidió disculpas a la Sala pero realizó "un ruego" al tribunal: "Cuando se nos haga una pregunta se nos diga toda lo que dice nuestros informes". El fiscal, posteriormente, recordó al perito que la labor del Ministerio Público "no es la de sustituir la de las defensas en relación con la documentación aportada a los peritos".
LA LLAVE Y EL GRIFO DE LOS FONDOS
Precisamente Carrillo, el miércoles, expresó que la Intervención General tenía "la llave" para cerrar "el grifo" de los fondos destinados al pago de las ayudas, siendo ésta su respuesta al fiscal anticorrupción sobre el papel que tenía la Consejería de Hacienda respecto a los informes del Control Financiero Permanente --sistema de fiscalización-- de los entes públicos, como IFA/IDEA.
Los informes del Control Financiero Permanente de IFA/IDEA, desde el correspondiente al ejercicio 2003 (conocido en 2005), ya recogían el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación así como que se estaban concediendo ayudas "prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
Pues bien, Carrillo explicó que el papel de la Consejería de Hacienda era de "mero testigo" porque era "receptora sólo del informe definitivo", no de adicionales ni provisionales, para "su conocimiento", tanto los de IFA/IDEA como los correspondientes a cada uno de los 170 entes públicos.
"Es testigo porque en Hacienda está el grifo -de los fondos--, que es la Tesorería, no la llave. La llave está en la Intervención General con el informe de actuación, siendo el único 'input' que puede suscitar, ya sí, la competencia no resolutiva de elevación al Consejo de Gobierno", concluyó.
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