Las actuaciones desarrolladas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a través del Plan de Acción Andaluz de lucha contra el uso de cebos envenenados confirma que durante el pasado año 2017 se ha reducido esta práctica ilegal en un 87 por ciento respecto a 2006, y en un 55 por ciento desde la aprobación en 2011 de los planes de recuperación y conservación de especies amenazadas.
Además, en 2017 se registró también el valor histórico más bajo, con 27 casos de envenenamiento, según ha informado este domingo la Consejería en una nota.
Desde la Junta explican que, para ello, ha sido fundamental la participación de los agentes de Medio Ambiente, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), las unidades caninas y los técnicos de biodiversidad, así como un incremento de las sentencias judiciales y la labor de concienciación ciudadana desarrolla por la Administración andaluza.
Desde 2006 ha disminuido la incidencia de la mortalidad por veneno en un 50 por ciento en el caso del quebrantahuesos, mientras que en el buitre negro ha alcanzado el 77 por ciento. Respecto al alimoche, se está comenzando a neutralizar su efecto pasando de una media de pérdida de territorio de cinco al año a 1,85 por ciento, aunque en los últimos tres años a descendido al 0,6 por ciento, incrementándose su presencia en un territorio este año como consecuencia de actuaciones específicas que se viene desarrollando en las provincias de Cádiz y Málaga por los agentes de Medio Ambiente y Seprona.
La Estrategia Andaluza de Lucha contra el Veneno es un programa que viene desarrollándose desde el 2004 con el objetivo de minimizar el impacto potencial del uso ilegal de cebos envenenados, que "tan devastadores" efectos ocasiona en el medio natural y en la salud pública.
Para reforzar esta iniciativa, la Consejería está elaborando un nuevo documento que contemple nuevas líneas de acción para lograr erradicar esta práctica ilegal. En este sentido, la futura estrategia prevé incrementar la Unidad Canina Especializada contra el veneno y sus acciones, así como potenciar la formación de los agentes de Medio Ambiente en todo lo relacionado con el uso del veneno y las artes ilegales de caza para que tengan capacidad de actuación.
También contempla la realización de cursos de especialización dirigidos a los agentes de la Junta, miembros del Seprona y de la Policía Nacional que forman parte de los equipos del investigación contra el uso de cebos envenenados, y a los técnicos de biodiversidad e instructores de los expedientes sancionadores con el fin de mejorar la tramitación de los mismos.
Respecto al control de los tóxicos que se emplean aparece como novedad la elaboración de una base de datos actualizada con la situación ilegal de cada uno de ellos. Igualmente, se impulsarán cambios administrativos para que se endurezcan las sanciones por la tenencia de sustancias tóxicas prohibidas e incluso para que se considere un delito, dado el alto riesgo que supone también para la salud de las personas. Para facilitar la recogida de estas sustancias prohibidas almacenadas se diseñará un sistema de recogida de las mismas para su eliminación.
En cuanto a la persecución del delito, se intensificará la vigilancia, investigación y la coordinación con el Seprona, y se mejorará la interacción con los órganos judiciales. También se instaurará un modelo idéntico de tramitación de expedientes sancionadores y extensión de las medidas cautelares de suspensión de aprovechamientos, y se impulsará la retirada de ayudas europeas a la agricultura y ganadería en las explotaciones afectadas.
Además, en el marco de la estrategia de lucha contra el veneno se va a trabajar conjuntamente con los ganaderos para mejorar el conocimiento de los motivos que llevan a emplear esta práctica ilegal, buscar soluciones dentro del marco legal y adoptar medidas que mejoren la actividad ganadera.
Se abre, por tanto, un nuevo marco de relación de mutua confianza que parte del previo conocimiento que ya tiene la estrategia y que a medio y largo plazo conseguirá erradicar la colocación de venenos en el campo, según explica la Junta.
Por último, se pondrá en marcha una base de datos con toda la información disponible, incluida la tramitación administrativa y penal como herramienta para conocer en tiempo real cada uno de los casos de envenenamiento en Andalucía y las respuestas dadas por la administración ambiental o judicial. Para conocer la evolución de los datos obtenidos se diseñará un Sistema Andaluz de Indicadores del Uso del Veneno.
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