El escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, desgrana irregularidades en la obra de la tubería de alcohol cuya rotura originó el vertido del líquido inflamable al tiempo que subraya tanto la carencia de un plan de actuación ante emergencias en la perfumera como importantes deficiencias en la evaluación de riesgos laborales en la que no se contemplaba que se pudiera producir un siniestro de estas características.
El fiscal vincula, en esta línea, la "falta de información y formación" en esta materia a las fatales consecuencias del incendio y la posterior explosión ya que -ahonda- el jefe de fábrica, Carlos Antonio G. S, también imputado, ordenó a las trabajadoras de la línea de envasado que limpiasen el derrame de "forma precipitada y sin dotarlas de calzado y ropa adecuada" y haciendo uso de "fregonas, cubos y recogedores".
A continuación, pidió al tercer acusado de Briseis y uno de los afectados que resultó herido de más gravedad, el jefe de mantenimiento de la planta -Juan Carlos G. M- que cortase la corriente en un cuadro eléctrico instalado en la sala donde se estaba produciendo el vertido de alcohol, lo que generó una chispa de la que derivó la deflagración inicial para después propagarse hasta el exterior, donde el fuego alcanzó a los empleados que recogían el líquido inflamable.
En el escrito de acusación, dictado en junio, el Ministerio Público reprocha al director de fábrica que su actuación ante la rotura de la tubería no fuese la de "evacuar al personal que se encontraba en las inmediaciones y restringir el acceso" para "eliminar los posibles focos de ignición o impedir su aparición hasta la llegada de personas especializado y dotado de material adecuado".
Irregularidad previa
El fiscal atribuye a Carlos B. L. H, responsable actual de esta empresa de carácter familiar, el mal estado de la tubería usada para el transporte de la materia prima ya que su trazado había sido modificado con motivo de unas obras de ampliación de la fábrica de Benahadux apenas cuatro meses antes del accidente mortal "sin que para ello se contratase a un instalador autorizado".
Fue el jefe del servicio de mantenimiento, que en la actualidad sufre graves secuelas debido a que sufrió quemaduras en el 83 por ciento de la superficie corporal durante la primera explosión, quien supervisó la nueva instalación realizada por personal de Briseis junto a empleados de una contrata externa.
Además de reutilizar la tubería existente, de 1987 y "totalmente metálica y estanca", para conectar los diferentes tramos "se uso un tubo flexible sujeto con bridas metálicas a la conducción original" según sus indicaciones en las que -ahonda el Ministerio Público- "prohibió expresamente que se realizarán soldaduras, al parecer, para evitar que se produjera un incendio".
El accidente se produjo a las 15,50 horas del 6 de septiembre de 2007 después de que el fuerte impacto de una carretilla elevadora provocase la ruptura del tubo por su parte "más débil", la que unía la parte metálica con la flexible. Mientras que recogían el derrame de alcohol Hermelinda M. G. y Julia Margarita M. O. fueron alcanzadas por las llamas y fallecían en un complejo hospitalario debido a las graves quemaduras de segundo y tercer grado profundo.
Otros diez trabajadores, todas mujeres a excepción de Juan Carlos G. M, sufrieron lesiones de diversa gravedad. La mayoría han renunciado a todo tipo de resarcimiento al haber sido indemnizados por la empresa para la que trabajaban a través de la subcontrata Auxiple, a cuya responsable, Françoise M, se le reprocha desde Fiscalía que no tuviese "ningún tipo de coordinación ni cooperación" con Briseis.
Los cuatro acusados se enfrentan a una petición individual de cuatro años de prisión como autores de dos delitos de homicidio imprudente en concurso ideal con un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 316 y 318 del Código Penal y diez delitos de lesiones imprudentes. El fiscal solicita también el pago de una indemnización de 16.240 euros para una de las empleadas, más de 189.000 euros para el jefe de mantenimiento y un total de 140.000 euros para la familia de las dos fallecidas.
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