Así los portavoces de Partido Popular, Manuel Barón, de Izquierda Unida, Lola Quintana, y del Paba, Antonio Gálvez, solicitaron una auditoría técnica independiente a la que realiza desde el Ayuntamiento Carlos García, para conocer los fallos redactados desde el proyecto inicial presentado por la empresa Arkingenia, que se disolvió por problemas de solvencia económica.
De esta forma “cuando tengamos en nuestras manos el informe definitivo del Palacio de Ferias y Congresos recurriremos a la justicia para depurar responsabilidades ya que el presupuesto de ejecución aprobado a duplicado su cantidad inicial llegando a superar los 18 millones de euros”, declaró Manuel Barón.
“Queremos que el soterramiento del AVE a su paso por Antequera sea una realidad”. Así de contundentes se mostraron al asegurar que el soterramiento del ave evitaría barreras físicas entre la ciudad y la vega. De esta forma han unido sus fuerzas ya que aseguran no hay informes que demuestren la inviabilidad del proyecto además del trabajo que generaría.
La portavoz de Izquierda Unida destacó que lo que piden es una partida económica importante ya que supondría una inversión de 80 millones de euros. Quintana afirmó que el Ayuntamiento de Antequera está en una situación inmejorable ya que a corto plazo el Gobierno Central redactará los presupuestos generales del estado para 2010. De esta Fomento podría destinar una partida económica al soterramiento del tren de alta velocidad.
Por su parte el alcalde de Antequera, Ricardo Millán, explicó que la auditoria al Palacio de Ferias se hace periódicamente y que las obras continuarán hasta finales de año cuando se acabe el plazo de ejecución. En cuanto al soterramiento todo sigue según lo aprobado en pleno.
OBJETIVOS
Los objetivos de estas mociones conjuntas son unánimes. Desde el Partido Popular, Izquierda Unida y PABA, afirmaron que quieren sólo piden claridad en la información y conocimiento de la situación actual en la que se encuentra el Palacio de Ferias. Resaltaron así, que estas peticiones se hacen en un marco de transparencia y dentro de la legalidad democrática.
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