El sistema fiscal español presenta demasiados “pinchazos” como para evitar que explosione con la implantación de más parches. Se requiere una reforma integral. Y es que la última, que afectó sólo al IRPF y al impuesto sobre Sociedades, conllevó una pérdida de recaudación superior a los 12.400 millones de euros entre los años 2015 y 2016, lo que supuso un 0,55% y un 0,58% del PIB, respectivamente. Además, según todos los indicadores, no incidió de forma relevante en los efectos multiplicadores en el crecimiento del PIB. Prueba de ello es que los ingresos de 2017 no alcanzaron el todavía récord cosechado 10 años antes, cuando se recaudaron 200.676 millones de euros.
Aunque las subidas del IRPF e IVA que se aprobaron en 2010 y 2012 mejoraron los ingresos, incrementar la recaudación del Impuesto de Sociedades continúa siendo una asignatura pendiente, y urgente, teniendo en cuenta que acumula un desplome de casi el 50% desde 2007. De esta manera, junto al fraude fiscal -y, en parte, como consecuencia de él-, los aproximadamente 22.000 millones de euros que las empresas no ingresaron en 2017 respecto de 2007 conforman la segunda “grieta” más importante por la que España pierde ingresos.
Por ello, no debe sorprender que la carga real del Impuesto que soportan las compañías en nuestro país se encuentre casi en la mitad del tipo nominal en las pymes y por debajo de la cuarta parte en los grupos empresariales. En este sentido, el Gobierno pretende aplicar un tipo mínimo del 15% sobre los resultados contables de las grandes corporaciones, que están pagando un tipo efectivo del 6% frente al general del 25%.
Esta medida haría una caja superior a los 4.000 millones de euros. Sin embargo, también habría que reconsiderar las actuales bonificaciones y regímenes especiales que, en algunos casos sin demasiada justificación, vienen lastrando la capacidad recaudatoria de este impuesto. Y si necesario resulta revisar y modificar Sociedades, necesario resulta introducir cambios en el IRPF. Pues bien, elevarlo a las rentas superiores a los 150.000 euros para recaudar unos 400 millones de euros afectaría al 0,19% de los declarantes de este impuesto en Andalucía, es decir, a casi 6.500 personas.
Pocas dudas hay de que existe margen para hacerlo, pues la brecha de presión fiscal española con respecto a la UE-28 se sitúa, anualmente, en los 61.798 millones, y asciende hasta los 75.822 millones respecto a los 19 países de la zona euro. De igual modo, España ocupa el puesto 15 de la UE en lo que se refiere a los tipos máximos de gravamen en el IRPF. De hecho, el FMI aseguraba en un informe reciente que las tasas de tributación marginal aplicadas a quienes ganan el máximo tendrían que ser significativamente más altas que las actuales, que han venido retrocediendo basándose en un supuesto efecto negativo de la progresividad sobre el crecimiento que no se corresponde con los resultados empíricos.
Sea como fuere, lo más conveniente sería crear tres nuevos tramos en el IRPF por encima de los 60.000 euros actuales, situándolos en los 120.000, 175.000 y 300.000 euros, tal y como hizo el Gobierno del PP en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2014. En cualquier caso, lo que resulta inadmisible es el viraje al legislar sobre un asunto tan trascendental como el de los impuestos, con los que no cabe más improvisación, ni más parcheos. Sin embargo, el Gobierno dice y se desdice, anunciando y renunciando medidas de indudable impacto económico y social, como la relativa al impuesto al diésel o a la banca.
Por ello, en España urge abrir un debate lo más amplio posible para llevar adelante una propuesta de reforma integral de los impuestos que permita disponer de recursos suficientes para atender a los gastos públicos necesarios para el mantenimiento de nuestro Estado de bienestar y cumplir con nuestros compromisos comunitarios. Esta reforma debería plantearse el reto de lograr, además, una mayor redistribución de la renta y la riqueza entre los ciudadanos, sin dejar de lado el desarrollo de un plan eficaz y realista de lucha contra el fraude fiscal con el que ingresar hasta 40.000 millones de euros a medio plazo.
Si Benjamin Franklin dijo que “en este mundo no hay nada cierto, excepto la muerte y los impuestos", Will Rogers apostilló que “la diferencia entre la muerte y los impuestos es que la muerte no empeora cada vez que el Congreso se reúne”. Pues debe reunirse, cuanto antes, para aprobar una reforma integral, porque ¡basta de parches!
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