El alcalde ha dicho por fin que “tiene sentido” que el Ayuntamiento se persone en la causa judicial abierta contra el denominado, por decirlo de forma suave, monopolio del taxi en el aeropuerto atendiendo al ofrecimiento realizado por el Juzgado de Instrucción Nº 8. La juez acusa a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi de formar parte de una organización delictiva para controlar el transporte en el aeropuerto, con graves perjuicios para el sector como a la ciudad en general, con coacciones y daños a los VTC, el bus de Tussam a San Pablo y al propio aeródromo. Por tanto, hay motivos de sobra para que el Consistorio se persone en la causa, pero la primera reacción del gobierno fue encargar un estudio al secretario municipal para decidir en función del mismo.
Estamos llegando a unos extremos en que, como en el caso del Real Alcázar y sus dineros y arbolado, Espadas se remite a lo que digan los técnicos y ha acabado instaurando un gobierno “de facto” de los funcionarios. Da la casualidad de que quien fue votado para la toma de decisiones fue el alcalde, que debería actuar alguna vez con criterios políticos y propios y no escudándose en terceros. La opinión pública difícilmente comprendería que el Ayuntamiento no se personara en la causa contra el monopolio del taxi, porque contribuiría a la sensación existente de que ha hecho la vista gorda durante demasiado tiempo.
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