Según explicaba ayer la portavoz de Vivienda del PP, Alicia Martínez, su grupo ha registrado una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, a través del cual pide la devolución del texto al Consejo de Gobierno, puesto que, a juicio de los populares, este texto "va a generar es 770 formas diferentes, una por municipio, de garantizar el derecho de los andaluces a la vivienda", y además criticó que la Ley "delega competencias autonómicas en los ayuntamientos sin previa aceptación ni dotación económica".
Según Martínez, con este texto "será imposible cumplir el objetivo estatutario de garantizar a todos los andaluces el acceso a una vivienda digna y adecuada" y "delega competencias autonómicas en los ayuntamientos sin previa aceptación ni dotación económica".
Martínez recordó que tanto el Estatuto de Autonomía como la Constitución recogen que las políticas de vivienda son competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
Por su parte, IULV-CA también ha presentado una enmienda a la totalidad pero incluye un texto alternativo, ya que, según indicó el portavoz de IU en la comisión de Vivienda en el Parlamento andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo, el texto de la Junta "supone un modelo cortísimo que no responde al objeto de considerar la vivienda como un derecho".
Según Sánchez Gordillo, IU ha presentado enmiendas a la totalidad, de forma que pide que se retire el actual texto y se presente un texto nuevo, ya que para la coalición de izquierdas "el modelo es cortísimo y no responde al objetivo de considerar la vivienda como un derecho".
Tras conocerse estas enmiendas, sobre todo la de los populares, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, censuró el "alarde de incoherencia" del PP, ya que con esa decisión "se distancia de lo que piensan sus alcaldes". En declaraciones a Efe, Espadas expresó su "estupor" por esa decisión de los populares, a los que ha emplazado a que, si no están de acuerdo con el texto actual, presenten uno alternativo y no se limiten a pedir la devolución del aprobado por el Gobierno andaluz.
Según Espadas, esa decisión del PP refleja "una vez más la incoherencia de sus propuestas" porque alegan que el texto de la Ley de Derecho a la Vivienda vulnera competencias municipales mientras que los alcaldes del PP lo apoyaron cuando se debatió en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
Además, el PP en sus argumentaciones no tiene en cuenta el artículo 92 del Estatuto de Autonomía en el que se delimita que es competencia municipal la planificación del suelo para la construcción de vivienda protegida, según el consejero.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Manuel Gracia, afirmó en un comunicado "no entender" la enmienda a la totalidad que el PP y calificó su actitud su actitud de "incongruente", criticando que "rechace un texto pero no diga cuál es su alternativa para regular el derecho fundamental a la vivienda, un derecho inalienable".
Además, Gracia considera que los argumentos esgrimidos por el PP para oponerse a la futura norma entran en contradicción tanto con el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía como con sus políticas en otras comunidades autónomas.
Así, Gracia explica que una de las razones que alude el PP es que la Junta de Andalucía quiere trasladar a los ayuntamientos unas competencias en materia de vivienda que, según ellos, corresponden en exclusiva a la administración autonómica.
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