La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "repita el error" de su antecesor en el cargo al retener en Cataluña a agentes a los que se les había autorizado el traslado sin mediar compensación ni ofrecer margen para planificar su situación familiar.
"El Gobierno repite el abuso que ya se cometió en estas mismas circunstancias por parte del anterior Ejecutivo. Lamentablemente, el cambio político no se ve reflejado en una nueva línea más respetuosa con los trabajadores del Cuerpo", ha señalado en un comunicado AUGC, que exige una compensación.
La Dirección General de la Guardia Civil ha dictado una orden para que para el personal destinado hasta ahora en Cataluña que tenía previsto iniciar en los próximos días el permiso de incorporación hacia sus nuevos destinos fuera de esta comunidad quede retenido hasta el 15 de octubre. La medida, que afecta a cerca de 300 guardias civiles, se basa en "necesidades y exigencias inherentes a garantizar la seguridad pública en este trimestre del año".
AUGC censura que la orden, de la que se tuvo conocimiento ayer tras su publicación en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, se haya comunicado a los afectados "con sólo unos días de antelación respecto al inicio del permiso de incorporación, demostrando con ello su falta de sensibilidad hacia la conciliación laboral y familiar de los trabajadores".
"Hablamos", aseguran, "de familias que ya tenían previsto trasladarse al domicilio de su nuevo destino, con matriculaciones en colegios, nuevos contratos de alquiler, etcétera, y que deberán mantener durante ese mes no previsto dos domicilios y obligará a estas familias a realizar la mudanza y todos los trámites del nuevo alojamiento (alta de luz, agua, etc), sin contar con el guardia civil retenido cuando, de haber avisado con antelación retendrían un mes más el traslado".
También lamentan que la medida "como es costumbre" en el Instituto Armado afecte a los guardias civiles de base. "Nos encontramos, por tanto, ante una situación claramente abusiva, donde los trabajadores peor remunerados deben afrontar con sus propios recursos el coste de la improvisación del Gobierno ante una situación claramente previsible", señala AUGC.
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